La información hallada en el Obispado Castrense será entregada al juez federal Sergio Gabriel Torres y al fiscal general Pablo Parenti.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina informó que pondrá a disposición de la Justicia, tal el anhelo del Papa Francisco, las constancias de 127 actas de bautismos realizadas entre 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
“Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”, subrayaron.
El texto de la comunicación enviada al juez expresa: “De nuestra mayor consideración: En nuestro carácter de miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, nos dirigimos a Ustedes en relación con la solicitud que nos fuera cursada en orden a establecer un mecanismo de acceso a la información sobre bautismos celebrados en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el período 1975-1984, y de cuyo registro nos hemos enterado recientemente. Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el terrorismo de Estado durante los años 1976-1983.
Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la justicia en estos últimos años.
Consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos.
Queremos reiterar nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro, encareciéndole en cada caso el respeto de la confidencialidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitucionales y de derecho canónico vigente para esta materia”. (AICA)
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