La iniciativa elevada por el presidente del bloque de diputados provinciales de la CC-ARI, Walter Martello, propone establecer una estrategia de prevención y seguridad social centrada en cada uno de los Municipios, pero sin dotar de facultades a los intendentes. Prevé la participación de organizaciones comunitarias y no gubernamentales en acciones de contención y la creación de un Fondo para financiar proyectos vinculados con la violencia y los adolescentes en riesgo.
El diputado Walter Martello presentó en la Cámara Baja provincial un Proyecto de Ley que plantea crear un Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. “Esta iniciativa nada tiene que ver con la municipalización de la seguridad que impulsa Scioli ya que apunta a complementar la tarea de contención pública que se realiza desde el Estado bonaerense dando participación a otros actores sociales, como ONGs, capacitados e interesados en las problemáticas de violencia y delitos, cuyas labores presentan un gran valor al actuar como intermediarios ante el Estado y la sociedad”, explicó Martello.
Según la Ley dicho Programa implica llevar a cabo una completa estrategia de prevención, centrada en el ámbito de cada uno de los municipios, haciendo hincapié en la profesionalización y perfeccionamiento de la función de seguridad ciudadana.
Asimismo, establece la institución de un «Fondo de Proyectos para el Programa Compromiso para Ciudades Seguras» destinado a “financiar propuestas preferentemente sobre temas vinculados con la violencia intrafamiliar, resolución alternativa de conflictos, prevención de la violencia escolar, atención de adolescentes en riesgo de ingreso a la carrera delictual, las que podrán ser ejecutadas directa o indirectamente por las comunas”. Cabe resaltar que podrán acceder al Fondo organizaciones comunitarias y no gubernamentales (ONGs), que cuenten con personalidad jurídica vigente.
“Entendemos que cualquier programa que pretenda ser exitoso en la disminución de los índices delictuales debe contar tanto con medidas que persigan prevenir el delito antes que éste ocurra, como así también con acciones de intervención, de educación y de contención de aquellos sectores de la población más vulnerables. Creemos que en esta tarea es crucial el compromiso y la participación social. No podemos desconocer el trabajo y la impronta que aportan aquellas organizaciones de la sociedad civil que están imbuidas y comprometidas con estas cuestiones”, añadió Martello.
En los fundamentos de la Ley, Martello destacó que otros países han podido lograr resultados positivos sin llegar al estado de violencia que padece Buenos Aires, a pesar de estar atravesando crisis profundas, por la existencia de políticas preventivas que claramente se reflejan en las condenas. Por ejemplo, en España el número de menores condenados por sentencia firme inscritos en el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal disminuyó un 6,6% en 2011. En tanto que la libertad vigilada y la prestación en beneficio de la comunidad fueron las medidas más frecuentes adoptadas por los jueces hacia los jóvenes.
“En cambio en Buenos Aires durante el primer semestre de 2012 los delitos por los cuales se generaron causas penales a menores fueron 14.263, siendo los robos y los robos con armas de fuego más de 1500”, puntualiza el proyecto. “Es decir que allí, al sector donde debe abonarse todos los recursos para mejorar la seguridad ciudadana en forma preventiva, el Estado no llega y determina que los menores cometan casi 2200 delitos por mes”, fustigó el titular de la CC-ARI.
Por último, Martello finalizó “es necesario fomentar la participación comunitaria en la prevención de los delitos, desarrollar capacidades de gestión y organización al interior de la comunidad, fortaleciendo la integración social y la capacidad de coordinación entre grupos y organizaciones sociales con organismos públicos o privados”.
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