Los jubilados y pensionados que tengan un ingreso inferior a los $39.237, y que no hayan obtenido su prestación recurriendo a una moratoria, recibirán este mes un monto adicional equivalente a lo que haga falta para completar esa cifra. En el caso de quienes cobran el haber mínimo, hoy de $37.525 (en bruto), el importe será de $1712. Mientras tanto, el poder adquisitivo de la totalidad de los jubilados, que tendrán el próximo reajuste por movilidad en septiembre, se sigue deteriorando por efecto de la alta y creciente inflación.
El pago del adicional mencionado debe ser hecho por la Anses como efecto de la vigencia de una ley aprobada en diciembre de 2017, la 24.426, que establece la garantía de que el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil de cada período en cuestión. Y en este mes de agosto se incrementa de $45.540 a $47.850 el ingreso básico para los trabajadores asalariados, según lo dispuesto por la resolución 6 del Ministerio de Trabajo, emitida en mayo último. De hecho, los $39.237 equivalen al 82% del valor del salario mínimo vigente desde el día de hoy.
El complemento, sin embargo, no impactará en la totalidad de las personas con los ingresos previsionales más bajos dentro de la pirámide previsional, porque la ley establece una condición: la prestación previsional debe haber sido obtenida tras haberse completado los 30 años de aportes que requiere el sistema. Esto hace que queden al margen del beneficio quienes, para poder jubilarse, adhirieron a una moratoria. Hoy por hoy, este último grupo es mayoría en el universo total de prestatarios, pero mucho más aún entre quienes cobran el haber mínimo.
Según puede concluirse sobre la base de los datos estadísticos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, el cobro del complemento de $1712 (o menos en algunos casos) alcanzará al menos a 1,37 millones de jubilaciones y pensiones, de las cuales 1,05 millones tienen un monto equivalente al haber mínimo. Entre las 4,57 millones de prestaciones que entonces eran de hasta $40.000, el 30% fue obtenida sin necesidad de moratoria. El restante 70% (3,2 millones de beneficios) requirió de una moratoria, por falta total o por falta parcial de los aportes requeridos por la ley al momento de cumplirse la edad jubilatoria. Para esos casos y según establece la normativa, no rige la garantía del 82%. Tampoco es válida para quienes son titulares de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.
En 2010, el Congreso había aprobado una ley para garantizar que los haberes no fueran menores al 82% del salario mínimo, pero la entonces presidenta Cristina Kirchner la vetó inmediatamente
La actual garantía del 82% del salario mínimo para los haberes rige desde 2018. En octubre de 2010 el Congreso había aprobado una ley que incluía esa cláusula (sin la condición de no haber adherido a una moratoria). Sin embargo, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, decidió inmediatamente vetar ese beneficio para los jubilados de haberes bajos.
El sistema nacional contributivo que gestiona la Anses tiene un total de 6,65 millones de jubilaciones y pensiones puestas al pago cada mes, que son percibidas por 5,49 millones de personas. La diferencia entre beneficios y beneficiarios se explica por el hecho de que hay quienes cobran dos prestaciones.
El próximo reajuste
Más allá del pago del complemento por la garantía prevista en la ley de 2017, los jubilados deberán esperar hasta septiembre para tener un nuevo reajuste en sus ingresos, que se definirá en función del resultado de la fórmula de movilidad, que contempla la evolución de los salarios y de la recaudación de impuestos que tienen por destino, total o parcial, el financiamiento de prestaciones de la seguridad social.
Mientras tanto, el poder adquisitivo se deteriora con fuerza por efecto de la aceleración de la inflación. Solo en el primer semestre del año, el valor real de los haberes del sistema general (el valor corregido por inflación) cayó 5,2%, considerando que hubo una suba nominal acumulada de 29,12% (12,28% en marzo y 15% en junio).
Si el índice de precios al consumidor avanzó en julio un 7,5%, un nivel cercano al que estiman diferentes centros de estudios económicos, entonces la pérdida de poder de compra en siete meses sería ya de 12%.
En el caso de los pasivos del sistema docente, el deterioro es incluso mucho mayor. Como en lo que va de 2022 hubo tan solo una recomposición de 9,38% (que se otorgó en marzo), la reducción del haber en términos reales llega a 20% en el primer semestre y trepa a 25% en el período de enero a julio, según cálculos basados en las estimaciones sobre el índice de inflación. El dato oficial del avance de los precios del séptimo mes del año será difundido por el Indec el jueves de la semana próxima.
LA NACION
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