Los querellantes en la causa por la apropiación irregular de Papel Prensa, así como funcionarios del Estado Nacional, celebraron el pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella para que el juez convoque a indagatoria a los directivos del Grupo Clarín, de La Nación y La Prensa, ya que «vuelve a traer a la luz que los empresarios mediáticos fueron cómplices de la dictadura cívico militar».
Este mediodía, Gómez Barbella, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, realizó un pedido para que el juez convoque a indagatoria a los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; a los de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y al de La Prensa, Guillermo Juan Gainza Paz, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
El Estado argentino se sumó como actor jurídico en 2010 a la causa que pretende determinar si los directivos de los principales diarios de mediados de los 70 despojaron a la familia Graiver de sus acciones en Papel Prensa para tener el control del insumo papel, central en el negocio de la edición de diarios.
En ese sentido, Lidia Papaleo, la viuda de Graiver -uno de los dueños de Papel Prensa fallecido en México en 1976, en un accidente cuyas causas nunca quedaron clarificadas- y querellante en la causa, resaltó que del tema «nunca nadie quiso empezar siquiera a hablar», y recordó que en 2010 negó ante la Justicia Federal haber firmado la venta de la empresa cuando estuvo detenida durante la última dictadura cívico militar.
Luego, la causa llegó a la Justicia y se hizo pública mediante el impulso del Gobierno a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó, y afirmó que «siempre» esperó una sentencia y sigue «creyendo que va a suceder», porque «aunque los poderosos han pagado por voluntades, hay clara conciencia de que esta gente también es la que hizo posible los gobiernos militares».
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo que el juez Julián Ercolini cuenta ya con “elementos de prueba” aportados por el fiscal Leonel Gómez Barbella en su pedido de indagatoria a los directivos de los diarios que componen la sociedad Papel Prensa, para determinar los responsables del “desposeimiento de bienes” que sufrió la familia Graiver en la década del 70.
El pedido del fiscal, según Fresneda, “recoge también las denuncias formuladas por las víctimas Papaleo, Graiver y Ianover en relación a lo sucedido con la transferencia del 2 de noviembre del 75, transferencia que como indicaron las propias víctimas y testigos fue bajo coacción”.
Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa, también querellante en la causa, expresó: «Quiero verdad y justicia, que finalmente salga a la luz la conspiración que tejieron Clarín y La Nación para apropiarse de Papel Prensa».
Tras conocerse la decisión de Gómez Barbella, el abogado de Ianover, Eduardo Barcesat, destacó la iniciativa al sostener que “el fiscal se tomó la tarea de revisar el expediente y citar a la indagatoria”, y resaltó la figura que utilizó el fiscal al convocar a los directivos de Clarín y La Nación por «extorsión agravada con empleo de violencia” bajo la condición de “crimen contra la humanidad” para que no prescriba.
Sobre el tema opinó también el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien dijo que «es un acto de justicia para el país», e indicó que «hoy es un día para festejar que en la Argentina hay menos impunidad porque un fiscal de la nación se animó a llamar a indagatoria a Magnetto por la apropiación de Papel Prensa».
También refirió sobre el llamado a indagatoria a los directivos de Clarín, La Nación y La Prensa el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien instó hoy a que «no quede impune» la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Sabbatella señaló por medio de un comunicado que la solicitud por parte de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 «vuelve a traer a la luz pública lo que se viene denunciando desde siempre; que los grandes empresarios mediáticos, especialmente los dueños de Clarín y La Nación, fueron cómplices de la dictadura cívico militar con beneficios recíprocos».
Diario Registrado.com
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