¿Quién y por qué, desde el Ejecutivo Municipal, presentó un proyecto para eximir del pago de más de 30 millones de pesos a una empresa millonaria por la realización de un espectáculo en nuestra ciudad?
Esta es la pregunta que aún espera respuesta por parte de las autoridades competentes.
Las exenciones impositivas, especialmente las vinculadas a los derechos por espectáculos públicos, deben estar fundamentadas en argumentos sólidos, criterios objetivos y una clara finalidad social o cultural. No puede tomarse a la ligera una medida de tal magnitud, que implica una pérdida millonaria para las arcas municipales y, en consecuencia, para los vecinos de Baradero.
Afortunadamente, el Honorable Concejo Deliberante —tantas veces injustamente blanco de críticas— actuó con celeridad y responsabilidad. Diez de los dieciséis concejales, pertenecientes a distintos espacios políticos, votaron en contra de este intento de condonación que pretendía favorecer a una empresa que, días antes del evento, ya tenía garantizado su éxito económico gracias a la venta anticipada de entradas y a los ingresos por publicidad.
Seis concejales del oficialismo, sin embargo, se manifestaron a favor de esta condonación, apoyando lo que, a todas luces, representa un «regalo» millonario. Cabe preguntarse: ¿qué los motivó a votar de esta manera? ¿Qué argumentos les ofreció el Ejecutivo para considerar justa y transparente esta excepción?
Las exenciones —vale recordarlo— han estado históricamente atravesadas por casos de corrupción agravada, especialmente cuando no cumplen con principios básicos como la buena fe, el interés público y la necesidad documentada del solicitante. Existen situaciones en las que una excepción puede y debe concederse: un evento de carácter solidario, una empresa local que realiza un esfuerzo cultural sin fines de lucro o una organización que colabora con el desarrollo comunitario. Pero este no fue el caso.
Desde BTI celebramos y destacamos la postura firme y coherente de los concejales que frenaron esta medida impulsada por el Ejecutivo. Del mismo modo, hacemos un llamado a la comunidad para mantenerse atenta y exigir fundamentos claros y documentados cada vez que se debatan excepciones que afectan los recursos públicos.
Baradero pide transparencia. Y más aún, merece respuestas. Esperamos una explicación urgente por parte de la Secretaría de Cultura y Educación, de la Secretaría de Gobierno y de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante.
¿Quién impulsó este proyecto?
¿Por qué se pretendió beneficiar de esta manera a una empresa privada?
Las decisiones públicas deben ser defendibles ante la comunidad. Y cuando no lo son, deben ser detenidas, como en este caso. La participación ciudadana y el control institucional son pilares esenciales de la democracia.
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