Un centenar de asambleas, ONGs, académicos y universidades nacionales exigen la sanción de la Ley de Humedales. Cuestionan las obras de infraestructura porque “no representan una solución y suelen ser contraproducentes para el funcionamiento y la protección de los humedales”.
Mediante un comunicado emitido este jueves, más de un centenar de asambleas, organizaciones, académicos y cátedras, informaron que realizaron un pedido “urgente”, para que la Cámara de Diputados de la Nación brinde tratamiento inmediato y “sin dilación ni modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales”.
Cabe señalar que el 30 de noviembre del año pasado dicho proyecto tuvo media sanción por parte del Senado de la Nación, donde se propone un inventario de humedales, y establece “criterios de uso sustentable y hará posible acciones de protección sobre estos ecosistemas”.
“Las estrategias de protección social, económica y ecológica contra las inundaciones requieren una política de ordenamiento territorial de fondo. Las obras de infraestructura no representan una solución y suelen ser contraproducentes para el funcionamiento y la protección de los humedales. Estos ecosistemas ocupan el 23% del territorio argentino, lo que equivale al doble del territorio de la Provincia de Buenos Aires”, sostiene el comunicado.
También señalan que “los humedales son ecosistemas que permanecen saturados de agua en algún momento del año. Funcionan como esponjas que absorben y regulan las crecidas de los cursos de agua; son reservorios de agua dulce para consumo humano y para animales en épocas de sequía; recargan reservas de agua subterránea (acuíferos); son amortiguadores del cambio climático y principalísimos reservorios de biodiversidad”.
En otro de sus párrafos, los ambientalistas refieren que desde comienzos de año, las provincias de la región pampeana se han visto particularmente “afectadas a raíz de las inundaciones, y hoy todo nuestro litoral se encuentra en estado de alerta, con pérdidas millonarias y cientos de familias afectadas. Estas catástrofes, cada vez más frecuentes, están vinculadas con el desmonte de bosques nativos y el relleno de zonas inundables para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios. El uso de agrotóxicos empeora las consecuencias de las inundaciones, que trasladan agua envenenada hacia fuentes de agua potable”.
Por último, el comunicado remarca que “como comunidades afectadas sabemos de la ineficiencia de las obras multimillonarias para amortiguar los efectos de las inundaciones, tampoco alcanza con la ayuda para trasladarnos y evacuarnos en crecidas”, y en tal sentido, solicitan una ley que “proteja a estos ecosistemas en su conjunto; políticas públicas concretas que apuesten a proteger los bienes comunes y a respaldar las economías regionales, en permanente peligro ante un modelo de desarrollo que en su afán productivista omite las condiciones más elementales de sustentabilidad socioambiental”, finalizan diciendo. (InfoGEI)Jd
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