El intendente Aldo Carossi prometió ayer a los concejales consensuar la designación del nuevo jefe de inspectores. Habría logrado así conjurar la crisis generada tras la muerte de dos adolescentes, embestidos por una camioneta municipal.
Los integrantes del gabinete del intendente de Baradero, Aldo Carossi, presentaron su renuncia, como una señal para descomprimir la presión que desde el domingo amenaza el puesto del jefe comunal, luego de la muerte de los adolescentes Miguel Portugal y Giuliana Giménez, embestidos por una camioneta de la dirección de Tránsito. En una reunión realizada por la tarde con los concejales del municipio, Carossi anunció que el lunes se conocerán los nuevos nombres del gabinete y propuso consensuar con los distintos bloques al reemplazante del director general de Inspección y Seguridad, Pablo Scarfoni. De esta manera, se desdibuja la amenaza de suspensión que pesa sobre el intendente, propuesta por el bloque del PRO, liderado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Elmer, que no reuniría los votos necesarios. En la causa judicial, el abogado Miguel Angel Pierri, patrocinante de los padres de las víctimas, admitió que “hasta hoy, en el expediente no hay constancia de la persecución (de los adolescentes fallecidos por parte de los inspectores) de la que se habla públicamente”.
El intendente de Baradero confirmó ayer las presentaciones de las renuncias de su gabinete con la intención de que “la gente comprenda que queremos una buena relación”. El gesto político llegó después de tres protestas, en menos de una semana, que señalaban al jefe comunal como responsable de las muertes de Miguel Portugal y Giuliana Giménez. Según Carossi, el nuevo gabinete se dará a conocer el lunes, día en el que los padres de las víctimas llamaron a realizar una marcha de velas a partir de las 18.
A pesar del anuncio, luego de una reunión entre Carossi y los integrantes del Concejo Deliberante no surgieron novedades sobre los cambios en el gabinete. Luego de la reunión, allegados al cuerpo político sólo se animan a confirmar la renuncia del secretario de Obras Públicas, Juan Panno, consultor del intendente, cuyo cuestionamiento es vox populi en Baradero. La otra renuncia que se confirmaría el lunes es la del director del hospital local, Antonio Cortese, que sería reemplazado por una junta médica designada en consenso con el resto del arco político. No correría la misma suerte otro hombre cercano al intendente, el director administrativo del hospital, Sergio Tabanelli.
Durante la reunión, Carossi se manifestó a favor de recibir recomendaciones de los diferentes bloques para ocupar el puesto vacante de la Dirección General de Inspección y Seguridad, tras la renuncia de Pablo Scarfoni. Un hombre con posibilidades a alcanzar ese puesto es Hugo Patrenostre, padre de Matías, un joven que en 2005 murió luego de un choque y que despertó el pedido de seguridad vial en la población. Ayer se cumplieron cinco años de esa muerte. Mientras la dirección continúe acéfala, el personal de la división de Seguridad Vial de la Policía Bonaerense y Agencia Nacional de Seguridad Vial reemplazarían los controles de tránsito que desde el domingo desaparecieron de las calles de Baradero.
Con este panorama y el apoyo recibido desde el gobierno provincial, la recolección de 3500 firmas por parte de los amigos de las víctimas para solicitar la renuncia de Carossi no parecen amenazar el puesto del intendente. La amenaza quedó latente desde que el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Elmer, pidió la suspensión del intendente, aunque necesitaría sumar votos de los concejales del Acuerdo Cívico y Social. “No estamos de acuerdo con la postura de la suspensión hasta tanto estén todas las pruebas de los hechos que permitan comprobar un dolo eventual”, explicó en diálogo con Página/12 Fernando Bogado, legislador del ACS.
Entre tanto juego político, Margarita Ayala, madre de Miguel, aseguró que a los padres no les “interesa el tema de las renuncias en el gobierno. En este momento, pedimos que se haga justicia por nuestros hijos. Ellos sabrán por qué renuncian”. “Vamos a seguir con marchas para que esto no se apague”, dijo a este diario la madre del joven.
En cuanto a la causa judicial, Daniel Castiñeira, abogado del estudio de Pierri, informó que ayer se ordenó el secuestro del registro de una cámara de seguridad de un supermercado ubicado en la esquina de Anchorena y Gallo, donde se produjo el choque entre la moto de los adolescentes y la camioneta de Tránsito. Además, el abogado indicó que se presentó a declarar el joven Maximiliano Ríos, buscado por el fiscal Marcelo Manso, quien había asegurado ante los medios de comunicación que el accidente que les costó la vida a los adolescentes se produjo como consecuencia de una persecusión por parte de los agentes de tránsito.
Informe: Nahuel Lag
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