La Cámara de Apelaciones ratificó la resolución del juez César Solazzi y concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital para cuatro de los cinco policías. La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense volverá a apelar.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires repudió la resolución de la Cámara de Apelaciones que ratificó el arresto domiciliario para cuatro de los cinco policías detenidos por la Masacre de Pergamino, en la que murieron siete detenidos en una comisaría.
El fallo de la Cámara avala la decisión del juez de Garantías, César Solazzi, quien concedió el arresto con monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS para los imputados de la causa; mientras el Comisario Alberto Donza continúa prófugo de la justicia.
Para la CPM, tanto la decisión de Solazzi como de la Cámara desconocen el peligro de fuga de los detenidos. Además, el organismo advierte los privilegios que reciben los integrantes de la fuerza de seguridad y recordó que, desde el primer momento, la policía intentó entorpecer la investigación, adulterando los libros de la Comisaría; y, una vez imputados, realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas.
En el texto, se indicó al respecto que “las querellas y el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores; sin embargo, la decisión de la Cámara desestimó estas advertencias” y añadió que “las estrategias de encubrimiento por parte de los imputados y el estado prófugo del comisario Donza son prueba fehaciente de que pone en serio riesgo el avance de la causa judicial”.
Por tanto, la CPM exige que se revea la aplicación efectiva de este beneficio.“La CPM volverá a apelar porque entiende que la resolución es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia”, planteó la entidad en el comunicado.
La comisión, que patrocina a las familias de Sergio Filiberto, Fernando Latorre y Franco Pizarro, espera que la justicia tenga en cuenta la gravedad del hecho por el carácter de funcionarios públicos de los imputados.
Finalmente, la CPM señaló que “desde el primer momento, la comunidad de Pergamino acompañó masivamente a los familiares de las víctimas en cada una de las marchas que siguen reclamando “Justicia por los 7”. En ese sentido, la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones también desconoce el reclamo popular para que estos delitos sean condenados de manera proporcional al daño que han impuesto no sólo a las víctimas directas de la Masacre sino a toda la sociedad”. (InfoGEI) Ga
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