El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, brindó una conferencia de prensa en la ciudad de Mar del Plata, en la que explicó cómo fueron los operativos que permitieron la detención de once integrantes de la cúpula sindical de la UOCRA de Bahía Blanca, implicadas por asociación ilícita, amenazas y extorsiones. Se incautaron más de 5 millones de pesos, 130 mil dólares, armas, droga y una máquina de contar dinero.
Al respecto, el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal manifestó que «hoy es un paso gigante para terminar con las mafias y la impunidad en la Provincia de Buenos Aires» a la vez que afirmó que «se necesita un Presidente y una Gobernadora con la voluntad política de dar esta lucha».
En ese marco, Ritondo aseveró: «quienes durante muchos años vivieron de la complicidad, por omisión o no, de la política y la justicia, verán que el cambio es profundo y no habrá contemplación».
La conferencia fue realizada en el Torreón del Monje, donde el ministro detalló que «hubo 10 detenidos y uno más hace minutos». Allí, Ritondo destacó la labor policial que permitió desarticular esta asociación ilícita y detalló que se continúan con las investigaciones «para dar con los tres prófugos que aún están implicados la causa».
En este sentido, gracias al trabajo de la Policía, se logró la detención del secretario general de la UOCRA Bahía Blanca, Humberto Monteros, su secretario adjunto, José Burgos, y otros ocho gremialistas.
Los operativos se realizaron en la sede del sindicato bahiense, en la delegación de Coronel Suárez, en la vivienda de Monteros y los domicilios particulares de los dirigentes, así como también en las empresas «Aqua servicios integrados baños», «SGT» y «Flor de Lirio», donde secuestraron documentación de interés para la causa.
Los sindicalistas, que utilizaban mecanismos de «apriete» para lograr que distintas empresas afines presten servicios en las obras de la ciudad, se encuentran ahora implicados por asociación ilícita, extorsiones reiteradas, coacciones agravadas, daños, amenazas y resistencia a la autoridad.
El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Dirección de Casos Especiales y se inició luego de que la Justicia tomara conocimiento, a partir de testimonios de personas perjudicadas, que los imputados en varias ocasiones habrían exigido dinero para evitar paralizar varias construcciones en la región.
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