La Aduana evitó ayer la exportación fraudulenta de 4137 toneladas de maíz en el puerto de San Pedro. En un operativo conjunto con la DGI, desarticuló una operación e interdictó dos barcazas que transportaban el producto.
Según la investigación realizada, ni la firma exportadora ni el productor podían justificar el origen de la mercadería.
El operativo también contó con la participación de la Prefectura y de fuerzas federales de seguridad. “La fiscalización y el control del comercio exterior son la prioridad de nuestra gestión. A lo largo de los últimos dos años llevamos adelante un proceso de revitalización de áreas que habían sido diezmadas por el gobierno anterior como parte de su estrategia de liberalización y apertura comercial”, afirmó la titular de la Aduana, Silvia Traverso, en un comunicado.
“Junto con la DGI llevamos adelante un trabajo conjunto para analizar y evitar maniobras fraudulentas en materia de exportación agrícola. La incautación de 4100 toneladas de maíz es el resultado de esa coordinación con las distintas áreas especializadas de nuestro organismo que se suma a las nuevas herramientas que implementó la AFIP como la carta de porte electrónica”, sostuvo Traverso.
La maniobra desarticulada en San Pedro se suma a un operativo realizado la semana pasada en el Puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permitió decomisar más de 1000 toneladas de soja.
“Las maniobras abusivas en el comercio exterior no solo erosionan los ingresos fiscales, que son la fuente genuina para impulsar las políticas públicas, sino que además suman tensiones sobre el mercado cambiario”, consideró Traverso.
La operatoria evasiva de la empresa exportadora consiste en recurrir a productores recientemente inscriptos, sin campos propios ni stock de granos, que simulan la venta de la mercadería directamente al exportador.
Los investigadores de la DGI detectaron que los presuntos productores sojeros están inscriptos en la actividad de “explotación de hectáreas en campo propio”. Sin embargo, los cruces de información evidencian que no son propietarios ni arrendatarios de ningún inmueble que les permita abastecer al exportador de la soja vendida.
Asimismo, el trabajo de análisis de las cartas de porte utilizadas para trasladar en forma fraudulenta las 1000 toneladas de soja evidencia que los documentos habían sido emitidos poco tiempo después de haberse registrado su actividad económica en AFIP. Es decir, los contribuyentes no podrían haber producido la soja de la campaña 2020-2021 que movilizaron porque tampoco contaban con stock declarado.
LA NACION
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