Aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuelas comunes, aseguran desde UNICEF.
El 60% de los estudiantes discapacitados cursan estudios en escuelas comunes en la Argentina, un porcentaje que se duplicó respecto a 2005, aunque todavía muchas escuelas no admiten su inscripción.
La representante de UNICEF en la Argentina, Florence Bauer, aseguró que aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Y mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuela comunes.
Bauer detalló que este porcentaje «se ha duplicado en la Argentina desde el 2005, lo que posiciona al país en una situación positiva» aunque mencionó que «aún restan afrontar numerosos desafíos como aumentar la permanencia y la terminalidad, tanto en la educación formal como en la no formal».
La dirigente mencionó además la necesidad de incrementer la formación docente en discapacidad ya que el maestro es el que está en contacto con los chicos» y remarcó que la Argentina a diferencia de otros países de la región «tiene todos los elementos para avanzar en estos desafíos».
No obstante, las organizaciones sociales aseguraron que en muchas escuelas «no se cumple» la resolución 311 -de marzo del 2016- del Consejo Federal de Educación que ordena a las instituciones educativas inscribir a los chicos con discapacidad sin ningún tipo de restricciones» y que también establece Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) para que estos estudiantes puedan integrarse a una escuela común.
El secretario de gestión educativa del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, dijo a Télam que la resolución 311 «plantea el desafío de que cada chico tenga su propio recorrido, su proyecto individual, el título de cada alumno es único e irrepetible y todos son válidos» aunque aseguró que esa resolución «está incompleta en algunos aspectos como la de contemplar a los chicos que tienen altas capacidades».
«La resolución 311 tiene impacto nacional y es vinculante, corresponde a las provincias la obligación de que se cumplan las leyes educativas, Desde Nación tenemos que llegar con capacitación docente y monitoreo de su nivel de implementación», puntualizó Gulmanelli.
Y agregó «no tenemos el dato duro de en cuantas escuelas no se aplica, sabemos que todavía no es cultura en las escuelas aplicarla, el dato es que no hay datos, tenemos poca información en este sentido pero venimos trabajando para tenerlos».
Explicó además que el objetivo «es que las 47.000 escuelas del país sean escuelas inclusivas, la escuela no puede decir incluyo o no incluyo. El problema son las barreras culturales que existen para las personas con discapacidad, hay que poner la mirada en las capacidades y no en las discapacidades». (InfoGEI) Mg
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