El juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del vicepresidente por tráfico de influencias contra María José Labat, Ana María García, Fabián Musso, Adelmo Gabbi y Antonio Tabanelli en el marco de la causa por la imprenta ex Ciccone
Amado Boudou había denunciado en abril pasado una presunta extorsión, que había vinculado a la disputa comercial entre las empresas Boldt y la ex Ciccone.
La denuncia alcanzaba a los abogados María José Labat, Ana María García y Fabián Musso, vinculado al entonces Procurador General, Esteban Righi, al empresario Antonio Tabanelli, y al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.
En sus argumentos, el juez federal, que hoy sufrió la perdida de su padre, adujo un estado de duda respecto a la sucesión de los hechos denunciados «que no pudo ser resuelta con los elementos probatorios recolectados». El magistrado entendió que las pruebas generaron diferentes hipótesis de un único suceso fáctico.
Según informa el Centro de Información Judicial, Lijo argumentó que «el origen de esta causa responde a la reinterpretación de episodios signados por reuniones sucesivas que según el propio relato no aparecían como controvertidos cuando sucedieron, pero que nuevamente analizados denotarían ser irregulares».
«Esta implicancia da cuenta de que la propia imprecisión del núcleo fáctico que ahora aparece como relevante jurídicamente bien pudo ser entendido por todos los intervinientes como comportamientos permisibles, o, por lo menos, aceptados recíprocamente al momento de su ocurrencia. Es que la indefinición de lo que ocurrió –más allá de que tenga mayor precisión el relato de quienes ahora aparecen señalados como imputados– responde exclusivamente a la nueva evaluación que se pretende de hechos que se remontan al año 2009», agregó.
El vicepresidente había llamado a una conferencia de prensa en momentos en que avanzaban los rumores sobre sus presuntos vínculos con la ahora expropiada y estatizada ex Ciccone.
Boudou había apuntado contra el estudio García, Labat, Musso y Righi, por ofrecerle aceitar sus vínculos con la Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py. Dicha denuncia provocó la renuncia del entonces procurador general de la Nación.
Además, el ex ministro de Economía había apuntado contra el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de quien aseguró que en marzo de 2011 le propuso su intermediación con la empresa Boldt, a cambio de una suma de dinero.
Infobae.com
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