Según cifras oficiales surgidas de un relevamiento al mes de marzo, hay un total de 3.100 personas alojadas en dependencias policiales, las que tienen capacidad para 1.105 detenidos, lo que marca un 185% de sobreocupación.
Los datos fueron dados a conocer por el ministerio de Seguridad provincial, luego de la tragedia ocurrida en la Comisaría 1º de Pergamino, donde un incendio de colchones dejó un saldo de siete detenidos muertos por asfixia.
A raíz de ese caso, la Red de Jueces Penales de la Provincia difundió una declaración con durísimas críticas al Ejecutivo bonaerense por este tema. “Bajo las actuales circunstancias, la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales genera el caldo de cultivo para tragedias que, cuanto menos, pudieron ser evitadas”, dice el documento firmado por magistrados penales bonaerenses.
No es cosa nueva
El episodio, que volvió a colocar el tema agenda, ocurrió en la noche del 2 de marzo pasado, cuando detenidos alojados en una celda común de la Comisaría 1º de Pergamino iniciaron una pelea que derivó en la quema de colchones.
Siete de los 19 reclusos murieron asfixiados. Sus familiares denunciaron inacción por parte de los policías encargados de la custodia de los presos -dos de los cuales fueron desafectados- y responsabilidad por parte del Estado en las muertes.
La permanencia de presos en comisarías viene siendo eje de fuertes cuestionamientos a los distintos gobiernos de la Provincia desde hace décadas.
En 2005, en un fallo dictado a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la situación de los detenidos en comisarías de la Provincia, la Corte Suprema de Justicia declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional. “Allí no se pueden garantizar condiciones dignas de detención”, dijo el Tribunal.
Desde entonces, los gobiernos de Felipe Solá, Daniel Scioli y el actual de María Eugenia Vidal anunciaron medidas para descomprimir los calabozos de las comisarías a partir de la construcción de alcaidías para alojar presos en etapa intermedia de proceso judicial.
Sin embargo, para el CELS, los detenidos en comisarías bonaerenses aumentaron un 60% en los últimos dos años. En diciembre de 2015 había 2.235 personas alojadas en dependencias policiales. A marzo de 2017, el número asciende a 3.017, con 1.105 camastros en las dependencias policiales. Es decir que hay un 172,8% de sobreocupación.
Situación irregular
En ese marco, la Red de Jueces Penales de la Provincia dio a conocer un documento que lleva como título “Basta de detenidos en comisarías”.
Allí, señalan que “el deplorable estado de una buena parte de los calabozos policiales, con hacinamiento y pésimas condiciones de higiene y salubridad, fue objeto de constantes denuncias de los defensores oficiales y consiguientes medidas cautelares”.
“Esos calabozos superpoblados, en mal estado de habitabilidad y con notorias deficiencias en la atención de la salud, en la provisión de alimentos, abrigos y demás elementos indispensables para el encierro, generan un contexto de violencia institucional, lesiva para la dignidad humana de los internos e incompatible con los estándares internacionales en la materia”, agregaron los magistrados.
Desde la Red de Jueces Penales señalaron el “doble perjuicio” de mantener detenidos alojados en comisarías. “Los policías bonaerenses deben cumplir tareas propias de los agentes penitenciarios, a pesar de carecer de la formación e idoneidad necesarias para hacerlo; y en segundo término, se produce una afectación indebida de recursos humanos que deberían estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía de seguridad”.
El documento de los jueces penales bonaerenses cierra con un duro mensaje. “Bajo las actuales circunstancias, la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales genera el caldo de cultivo para tragedias que, cuanto menos, pudieron ser evitadas”, dijeron los magistrados, en referencia a la muerte de los siete detenidos en la Comisaría de Pergamino. (InfoGEI) Mg
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