El decreto firmado por Milei y Francos es señalado por expertos constitucionalistas como una medida profundamente antidemocrática. Al restringir el acceso de los ciudadanos a información sobre la gestión gubernamental, se está socavando un derecho esencial en cualquier democracia: el derecho a la información. Este acceso es crucial para que la ciudadanía pueda fiscalizar y cuestionar las acciones del gobierno.
La introducción de la figura del «abuso de derecho» agrava aún más la situación, al permitir que se persiga legalmente a quienes el gobierno considere que preguntan «de mala fe.» Esta disposición es vista como un claro intento de intimidar y silenciar a quienes se atrevan a criticar o cuestionar al poder, consolidando un sistema que busca apagar las voces divergentes. Esta medida es, por lo tanto, considerada por muchos como un grave atentado contra los principios democráticos, erosionando la transparencia y debilitando los cimientos del debate público y la rendición de cuentas.
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