Es fundamental educar a la dirigencia y a los funcionarios en cuanto al acceso justo para las personas con capacidades diferentes. En Baradero, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan, el acceso a servicios, espacios públicos y atención adecuada para personas con discapacidad, ya sea transitoria o crónica, sigue siendo limitado. Esto genera un retroceso en el avance social, afectando la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La falta de infraestructura accesible, la carencia de políticas públicas efectivas y la poca concienciación en torno a las necesidades de las personas con discapacidad agravan la situación. Es necesario promover acciones formativas para los responsables de tomar decisiones, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad.

La inclusión no es solo una obligación legal, sino un compromiso social. Si no actuamos de inmediato, continuaremos excluyendo a un sector importante de la población, perpetuando desigualdades que deberían ser superadas con educación, voluntad política y acción concreta.

De las aulas a las calles

Segunda Marcha Federal Universitaria para defender a un sector asfixiado

Por Diego Kenis Sep 29, 2024

Una advertencia en la marcha del 23 de abril. Foto: Luis Angeletti.

Tan pronto como todos los estamentos del mundo universitario anunciaron para el miércoles 2 una nueva Marcha Federal en defensa de presupuestos y salarios, el gobierno promocionó su vocación de diálogo y convocó contrarreloj a una mesa paritaria de docentes y no docentes. El objetivo era evitar que esta semana vuelvan a marchar más de un millón de personas en varias ciudades del país, como ocurrió el 23 de abril. Si las encuestas aún dicen algo, mientras se desploma la confianza en el gobierno y la Justicia se va al descenso, los sistemas públicos de educación superior, salud e investigación científica la lideran la tabla con amplio consenso positivo en la sociedad.

Esa valoración social, mayor aún en las ciudades con sede académica, impide al gobierno extender a las universidades certificados de defunción como los que selló para otras áreas. Como obstáculo se suma además el rango constitucional conferido a la autonomía y autarquía de esas instituciones en la reforma de 1994. La única receta de poda aplicable es la erosión por inflación, tanto en salarios como en presupuesto. De ese modo los recursos sobre los que pueden decidir los cogobiernos universitarios son cada vez menores, una situación que la Ley de Financiamiento Universitario buscó recomponer. El anunciado veto del gobierno, además de quedar expuesto a la insistencia del Congreso, colisionaría con la Constitución al limitar la autarquía y obstaculizar la autonomía. Se tornan previsibles los planteos judiciales de inconstitucionalidad, tanto por esa razón como por la afectación del derecho a la educación. El oficialismo apeló a la cosmética para digerir la marcha de abril y pocas semanas después publicitó un incremento de 270% para los mal llamados “gastos de funcionamiento” de las universidades. En algunos casos no alcanzó para pagar las facturas de energía eléctrica, que el propio gobierno nacional entregó al festín de tarifazos. El ahogo también se plasma en el incumplimiento de desembolsos comprometidos para programas especiales del conjunto del sistema, que el Presupuesto vigente –como los anteriores– previó por fuera de los recursos adjudicados a cada universidad. El martes 17, por ejemplo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debió condicionar a la recepción de fondos la toma de posesión de las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas, que desde 2011 se otorgan cada año a jóvenes promesas.

Confesión de parte

Desde el desembarco libertario en la Casa Rosada, tanto la estimación del presupuesto universitario como las recomposiciones salariales han dejado de ser instancias de negociación para convertirse en reuniones informativas donde el Ejecutivo impone porcentuales. El jueves 26, un día y medio después del anuncio de la próxima marcha, docentes y no docentes llevaron a cabo una huelga en que no pocos académicos pararon por primera vez en sus trayectorias. No resulta extraño, porque también por primera vez muchos de ellos integran la franja de la sociedad bajo la línea de pobreza, que las estimaciones oficiales reconocieron esta misma semana orillando el 53% de la población. Para la tarde del jueves de paro universitario, el gobierno convocó de apuro a reunión paritaria y su oferta dejó en evidencia las intenciones: el comunicado oficial posterior lo presentó como un “5,8% adicional al 1% ya establecido”. Curiosa enunciación, porque muy pocas veces lo adicionado sextuplica a lo regular. Más allá de esos hallazgos del lenguaje, el Ministerio de Capital Humano protestó por el rechazo de las federaciones de docentes y no docentes a su “propuesta sin precedentes”. Las palabras ministeriales tropezaron con una confesión: lo que califica como mejora salarial “habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público”. Es un reconocimiento explícito de la situación que el CIN había denunciado el 3 de septiembre, al circular un informe que evidenciaba que la brecha entre inflación y salarios universitarios era mayor que la del resto del ya vapuleado sector público.

Debieron pasar casi un mes, el anuncio de una nueva Marcha Federal y la concreción de una huelga para que el Ministerio atendiera uno de los múltiples reclamos del sector.

Líneas de tiempo

La situación del sistema público de investigación científica, con el que el universitario tiene vinculación estrecha, es aún peor. La carencia de resguardo en autonomía y autarquía hizo directos los recortes, efectuados por distintas vías. Durante el plenario que a fines de agosto lo reunió en Santa Rosa, el CIN acusó:

incumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, la ejecución de créditos internacionales ya asignados al país, y de los desembolsos comprometidos en materia de contratos, convenios, actualizaciones, obras e insumos;
interrupción de acuerdos internacionales de colaboración, y de la articulación con organismos provinciales y nacionales;
paralización de órganos participativos del sistema y ausencia de interlocutores del gobierno con poder de decisión; y
retracción salarial y del número y cuantía de becas de investigación.

Un estudio del grupo EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el primer semestre de 2024 corrobora la retracción de inversión en la materia. Medida la función presupuestaria de Ciencia y Técnica en relación al Producto Bruto Interno, la caída actual es apenas menor a las registradas en dos años de quiebre de la historia argentina reciente: 1976 y 2002.

Como ocurre con el desfinanciamiento universitario, el que se descarga sobre los organismos de investigación tiene impacto federal. Sólo el CONICET dispone de 16 centros científico-tecnológicos distribuidos en todas las regiones del país. Al igual que sucede con las universidades, los organismos de investigación acercan inversión, puestos de trabajo y formación de talento con una lógica contracíclica, que modera las asimetrías regionales. Durante el gobierno anterior, eso se vio reforzado con la implementación de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia, que priorizaron a las zonas geográficas de menor desarrollo relativo a través del fortalecimiento en infraestructura o la adquisición de bienes de capital para sus actividades. La interrupción de ambas líneas de financiamiento contribuyó a que el impacto de la desinversión afectara en forma desigual a las provincias.

Las coincidencias con otros indicadores ilustran cómo la poda refuerza las asimetrías que antes se buscaba limitar. Entre las diez jurisdicciones más perjudicadas por los recortes en la ejecución de la función Ciencia y Técnica en 2024, y siempre dentro de las últimas estadísticas oficiales disponibles:

seis se encuentran entre las diez provincias cuyas economías registran peores salarios;
la misma cantidad participa en la decena con menor Producto Bruto per cápita; e
igual proporción se verifica respecto de la autonomía tributaria.

En los tres casos, el pelotón de seis provincias está conformado por las mismas: Formosa, La Rioja, Chaco, Catamarca, Corrientes y Jujuy. Todas ellas se ubicaron además entre las diez en cuyos principales aglomerados urbanos más creció la pobreza, incidencia que saltó poco menos de 40 puntos en Formosa y casi 27 en La Rioja. Puede leerse como una manifestación de lo que en economía se define como “principio de equiparación”, que supone que si una región alcanza un determinado grado de desarrollo en un rubro es muy probable que exhiba uno equivalente en los restantes elementos que la componen. Son las situaciones más dramáticas, pero no las únicas. Como ya reseñó El Cohete, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la eventual aprobación del Presupuesto 2025 consolidarían una retracción de recursos en todo el país, por la extensión territorial de los sistemas atacados. El proyecto oficial contempla sólo la mitad de lo calculado por el CIN para que el mundo académico funcione. De aprobarse, dos de cada tres universidades del interior padecerían un retroceso adicional respecto del total de los recursos que se otorgaría al conjunto. El interrogante que se resolverá en las próximas semanas es cuánto del mapa federal de urgencias se plasmará en las votaciones que ambos temas requieran del Congreso. En sus Cámaras se cruzan las pertenencias partidarias con las territoriales y cada recinto responde a una lógica distinta: los estados subnacionales cuentan con igual número de bancas en el Senado, pero en Diputados los asientos se distribuyen por el peso demográfico de los distritos.

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