Durante el último fin de semana un vecino de Baradero concurrió a la terminal de ómnibus donde adquirió un pasaje a Retiro. Una vez llegado a su casa, a raíz de algo que surgió en ese momento, decidió que no haría ese viaje puesto que un familiar viajaba en su auto a Buenos Aires y se ofreció a llevarlo.
Esto que se relata sucedió el sábado a la tarde y el pasaje tenía fecha para unas 24 horas después; cuando este vecino volvió a la terminal a efectos de anular el pasaje, habían pasado entre treinta y cuarenta minutos del momento en que había sido adquirido por lo que faltaba casi un día para el momento de la partida. Llegado a la ventanilla y manifestar su voluntad de devolver el pasaje, se enteró que le devolverían el dinero que había pagado… ¡pero con una quita del 30%!
Esto es lo que sucede cuando los organismos que el Estado posee para el control del transporte están, como en este caso, en manos de intereses que no son, ni de cerca, los de la población usuaria del servicio.
El vecino, que había pagado unos $ 300, media hora más tarde se encontró con que le devolvían solamente $ 210, es decir $ 90 menos en solamente media hora.
Si bien esto no es directamente una estafa, sí sería adecuado llamarla estafa legal destacando que puede perpetrarse mediante la complicidad el Estado con las empresas de transporte de las que el ministro de la cartera, casualmente es proveedor mediante la firma concesionaria de automotores que su familia posee desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires.
E Diario de Baradero
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