Buenos Aires, 9 enero (Especial de NA, por Nicolás Tereschuk) — La cuestión de los Derechos Humanos, con el avance de los juicios a represores en plena feria judicial, polémicas sobre cuál debe ser la política a futuro sobre el tema y una serie de hechos intimidatorios, no dejó de arrojar novedades en los primeros días del año, en medio de un clima político cambiante.
El final de 2009 llegó con dos ataques preocupantes: el violento robo a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la amenaza a una querellante rosarina en un juicio contra la represión.
La investigación por el asalto a las oficinas que ocupa Sara Derotier de Cobacho en La Plata avanzó rápido -un dato positivo- pero en una línea que alarma: el principal sospechoso era policía en actividad hace pocos meses.
La funcionaria lo señaló en una rueda de reconocimiento y podrían dictarle la prisión preventiva en las próximas horas.
Y advirtió que el que protagonizó «no se trató de un robo común», al tiempo que lo vinculó con «nichos de corrupción» en la Policía bonaerense.
En Rosario, Josefina González, querellante en una causa por la represión ilegal debió soportar que desconocidos entraran a su domicilio, le revolvieran sus pertenencias y le dejaran un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo ensangrentado.
En ese contexto, dos dirigentes de la oposición salieron a diferenciarse de de la política oficial de Derechos Humanos. El dirigente de PRO Diego Guelar pidió una amnistía para represores, lo que desautorizó el líder partidario, Mauricio Macri.
A su vez, el radical Ricardo Alfonsín, insistió en que deben juzgarse a guerrilleros por presuntos crímenes cometidos en gobiernos democráticos. En particular, consideró que debería reactivarse el juicio por el asesinato de José Rucci, un tema muy caro al peronismo disidente y a Eduardo Duhalde.
Alfonsín no se privó de una polémica por televisión con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien le recordó que durante el gobierno de su padre se impulsaron juicios tanto al dictador Jorge Videla, como al creador de la organización parapolicial Triple A, José López Rega, y al líder de Montoneros, Mario Firmenich.
«Tengo muchos amigos que murieron (como consecuencia de la represión) y sé lo que es perder un hijo», le dijo Alfonsín a Carlotto, quien a su vez cuestionó al diputado al señalarle que «con lo que decís, la gente que nos ve por televisión va a pensar que (los desaparecidos) ‘se merecían'» lo que les ocurrió.
Al mismo tiempo, se reactivaron los juicios orales y públicos a represores en plena feria judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín tomó declaraciones a testigos en el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados, por delitos de lesa humanidad.
El proceso, que se realiza en la cancha de «papi fútbol» de una sociedad de fomento de Vicente López, contó esta semana con la declaración de represententantes de organismos de derechos humanos y del coronel retirado José Luis García, quien dio detalles de la estructura montada por los militares para la represión ilegal en la zona de Campo de Mayo.
El juicio, que comenzó en noviembre y por el que ya pasaron más de cien testigos, se reanudará el 2 de febrero próximo y esa misma semana se escucharán los alegatos de las querellas.
El próximo lunes, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención «Banco», «Atlético» y «Olimpo».
El jueves próximo retomará su actividad el proceso oral y público por la «megacusa ESMA»: allí están imputados los represores Alfredo Astiz y Jorge «Tigre» Acosta.
El pasado miércoles comenzó otro juicio: el que se sigue contra tres represores por el fusilamiento de once presos políticos en el penal salteño de Villa las Rosas.
Ahora, se anunció que en marzo próximo comenzará el primer juicio a represores en la provincia de Mendoza, por diversos crímenes, entre ellos el asesinato del poeta Francisco «Paco» Urondo.
Los procesos avanzan en momentos en que sectores de la oposición cuestionan la política oficial de Derechos Humanos. Y, si bien 2010 no es un año electoral, la Justicia avanza con su tarea en un período de fuerte disputa política entre oficialismo y oposición.
Los próximos meses servirán para evaluar cuál es la madurez y la eficacia de las instituciones en este aspecto.
NT/GV/JC
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