Opinión | Juan Carlos Junio
1. Mar del Plata. Clase pública en la universidad bonaerense. 2. Buenos Aires. Toma de la Facultad de Psicología. Fotos: NA (1) y Valeria Ruiz (2).
Los acontecimientos de las semanas anteriores relacionados con la gran manifestación del mundo universitario, esta vez rodeada por las organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales, y que nuevamente concitó la participación de centenares de miles de ciudadanos en toda la geografía del país, contrastaron con la sesión parlamentaria en la que el Gobierno nacional, con una minoría de 85 diputados, logró sostener el veto dispuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei.
En este contexto, resulta necesario analizar conceptualmente el carácter de esta cuestión política. Un punto principal a consignar es que 160 diputados, o sea, una clarísima mayoría, votó en contra del veto, afirmándose de este modo un núcleo que se nutre de distintos bloques, opositor a las iniciativas del Gobierno nacional, y que superó la marginación a la que fue subordinado en los primeros meses de esta gestión el bloque de 99 diputados de Unión por la Patria. Esto, asimismo, preanuncia que el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo, condicionado con una visión de ajuste de la inversión social –educación, salud, transporte, servicios públicos, infraestructura–, tiene grandes perspectivas de ser rechazado tal como está formulado.
La otra cuestión determinante es que, como consecuencia de la combinación de la gran movilización popular y la controversia parlamentaria, se fue generando una gran actividad del movimiento estudiantil como no se no veía desde hace décadas. Por sus características –clases públicas, tomas de facultades, asambleas, repudio a los legisladores que votaron contra la universidad–, el despertar del movimiento estudiantil se puede transformar en un dinamizador de la oposición política.
Es decir, no resulta adecuado circunscribir la ponderación política al triunfo del Gobierno sosteniendo el veto, ya que todos los otros factores de movilización anticipan una nueva situación en materia de luchas sociales, estudiantiles y culturales, saliendo así de un momento de reflujo de los últimos meses. Incluso, la dinámica de esta situación impacta en otros sectores, como el sindical, donde muchos se sienten interpelados a tener una conducta más activa. Vale destacar en tal sentido que gremios del transporte anunciaron un paro nacional para el 30 de octubre.
Finocchiaro. Recortar en educación para satisfacer a los «inversores».
Mensaje a «los mercados»
La controversia desnudó otra cuestión de carácter ideológico muy importante. El sector oficialista, que tuvo como uno de sus voceros al diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro –quien fue ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri–, asumió abiertamente que lo que estaba en juego era un mensaje «a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos». Lo cual, luego fue ratificado por el propio presidente de la Nación, quien sintió la necesidad de apoyar la inmolación del diputado aliado declarando que «esto nos fortalece en los mercados».
En definitiva, están reconociendo abiertamente que la universidad pública, específicamente sus alumnos, trabajadores y docentes, tienen que ser sacrificados atendiendo a la prioridad política de pagarle a los prestamistas internacionales y locales.
Otro reflejo de la caída abrupta de los ingresos de la docencia, causada por «el ajuste más grande de la historia», es la previsible y ya evidente fuga de jóvenes científicos hacia el exterior, al igual que un fenómeno cada vez más generalizado de renuncia de docentes universitarios, muchos de los cuales tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y buscan una alternativa laboral ante la necesidad de sobrevivencia suya y de su grupo familiar.
En suma, queda por ver cómo continúa esta disputa que va más allá de la cuestión universitaria, ya que en el fondo se trata de una disputa entre proyectos de país antagónicos: uno popular y democrático, y el otro, encarnado por el Gobierno y sus aliados, ultraneoliberal, condicionado por las corporaciones locales e internacionales y el FMI.
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