El último informe del Instituto Argentina Grande expone la fractura expuesta de la macroeconomía de Milei, donde el superávit y la caída del riesgo país conviven con el peor derrumbe de la recaudación fiscal en veinte años y tarifas que exigen trabajar 14 horas más por mes para no caer en la pobreza.
Diario Tiempo Argentino – 10/Jul/2026
El laboratorio macroeconómico de la Casa Rosada consolida un escenario de profunda disociación entre el festejo financiero y la asfixia de la economía real. Según el último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), las variables externas exhiben cifras rutilantes: durante los primeros cinco meses del año, el saldo comercial acumuló un superávit de USD 11.783 millones, el valor más alto de los últimos 36 años. Esta performance, traccionada por el incremento del 44,7% en exportaciones de energía y combustibles, permitió al Banco Central comprar USD 10.634 millones en lo que va del año y empujó al riesgo país a perforar los 417 puntos, su mínimo nivel desde 2018.
Sin embargo, el diagnóstico advierte que este monumental flujo de divisas no logra traducirse en acumulación efectiva de reservas debido a una nítida e histórica filtración de recursos hacia el exterior. Las reservas internacionales apenas retuvieron el 41% de lo adquirido por la autoridad monetaria, producto de un drenaje estadístico sin precedentes desde 2003: la remisión de utilidades y dividendos anotó un saldo negativo de USD 1.841 millones en cinco meses, a lo que se sumaron USD 2.667 millones dolarizados por personas humanas durante mayo y el destino de depósitos propios para afrontar los vencimientos de deuda soberana por USD 4.300 millones en bonos Globales y Bonares.
La contrazona de este festival financiero se localiza en el mercado interno, donde el freno de la actividad y el consumo pulverizaron las arcas estatales. El mes de junio cerró con una recaudación de $20 billones, marcando una caída real del 7,3% interanual y convirtiéndose en el peor junio de las últimas dos décadas. El bache fiscal se explica por la quita de retenciones al agro —los derechos de exportación se hundieron un 45,9% real— y por la parálisis de los dos pilares del financiamiento estatal: el IVA interno perdió $3,1 billones en el semestre por el derrumbe del consumo masivo, mientras que los recursos de la seguridad social retrocedieron $1,4 billones ante el deterioro generalizado del empleo formal y el salario.
Para sostener el superávit fiscal a pesar del industricidio, el esquema oficialista apeló a una agresiva transferencia de costos hacia los hogares mediante impuestos y tarifazos. Desde el cambio de gestión, el impuesto nominal a los combustibles trepó un 1346,9% —frente a una inflación acumulada del 312%—, transformando las boletas de servicios en un factor de quiebre familiar: la canasta básica de luz, agua, gas y transporte saltó de $61.219 en noviembre de 2023 a $177.907 en junio de 2026, lo que equivale a un aumento real del 190%. Como consecuencia directa de esta asfixia presupuestaria, la mora familiar en el cumplimiento de créditos escaló al 12,1%, anotando el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad y dejando a cerca de 7 millones de personas excluidas del sistema.
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