La Secretaría de Energía convocará a Concurso Público Internacional para la adjudicación de un permiso de exploración off shore sobre la base de la manifestación de interés formulada por… una empresa británica llamada Challenger Energy Group PLC.
Diario Tiempo Argentino – 16/Jul/2026
¿Qué pasa mientras debatimos acaloradamente si la semifinal con Inglaterra tiene un valor extra-futbolístico en el marco de la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas? El Gobierno, que este martes salió a aclarar que la idolatría del presidente Javier Milei a Margaret Thatcher no era tanto como se había dicho, acaba de publicar un decreto que puede hacer mucho más que un gol y que esconde una llamativa paradoja con el petróleo que puede quedar en manos británicas.
Así lo plantea Juan José Carbajales, Doctor de la UBA en Derecho, docente y titular de la consultora Paspartú (especializada en energía y minería). Se refiere al Decreto 590/26 de este miércoles que instruye a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de un permiso de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el área CAN 200 del ámbito nacional de costa afuera (off shore).
«Ello, sobre la base de la manifestación de interés formulada por… ¡una empresa británica! llamada Challenger Energy Group PLC«, acota Carbajales, que es también director del Instituto del Gas y del Petróleo (IGPUBA).
«Entre otras cosas, el Presidente resolvió, por un simple Decreto, incluir en el permiso de exploración que se otorgue una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero», añade el especialista. Ante futuros inconvenientes, los ingleses tendrán la cancha inclinada.
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La pérdida de soberanía
Carbajales acota tres conclusiones en referencia a esta pérdida de soberanía:
Desarrollar el potencial hidrocarburífero en la Plataforma Continental argentina es uno de los pocos activos “duros” que tiene nuestro país para fortalecer su reclamo soberano en pos de la integridad territorial avasallada en 1833.
Que un eventual nuevo permiso exploratorio off shore provenga de una iniciativa privada de una compañía inglesa que pidió permiso (a diferencia de la inglesa Rockhopper y la israelí Navitas en el área –usurpada– Sea Lion) «no deja de ser una extraña y saludable paradoja».
«¿Tendremos un proyecto RIGI para el off shore por parte de YPF? Sería óptimo para agregarle al fervor por el Upstream de Vaca Muerta una contribución al reclamo histórico de nuestro país… “por los pibes de Malvinas”, de Luis Vernet para acá?», completa.
Las empresas inglesas e israelíes en Malvinas
El Gobierno fue cambiando el discurso sobre Malvinas a lo largo de estos dos años y medio. Pasó de avalar la autodeterminación de los kelpers y de querer que ellos voten con Argentina la soberanía, a criticar el accionar de las empresas petroleras, aunque sin avanzar en ninguna posibilidad de sanción o reclamo.
“Una de las manifestaciones más evidentes del incumplimiento de ese mandato internacional se observa en el proyecto Sea Lion. En diciembre de 2025, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron una pretendida decisión final de inversión para desarrollar ese yacimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sobre la base de licencias apócrifas emitidas por autoridades ilegítimas”, apuntó el canciller Pablo Quirno, sin mencionar que Rockhopper, que tiene el 35% de las acciones, es británica; y Navitas, que tiene el 65% y aporta la mayor parte del financiamiento, es israelí.
Foto: NA
En abril, las dos compañías anunciaron un plan para llevarse el petróleo de Malvinas, una inversión inicial por 1800 millones de dólares con el objetivo de producir 55 mil barriles por día y extraer petróleo crudo a partir de 2028.
En mayo, anunciaron a sus inversores que tienen previsto expandir el volumen inicial de crudo y llegar a 180 mil barriles (un cuarto de lo que Argentina produce en todo el país). La petrolera israelí informó que las obras de perforación y terminación van a comenzar a principios de 2027, ante el silencio del gobierno argentino.
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