La soberanía no es solamente una bandera ni una declaración escrita en un mapa. Es la capacidad de un pueblo para decidir qué hacer con su territorio, cómo utilizar sus recursos y para quién producir riqueza.
Este jueves, mientras el Senado de la Nación se prepara para retomar el tratamiento del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en Baradero nos movilizamos para rechazar las modificaciones que facilitarían una mayor adquisición y concentración de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
¿Qué establece actualmente la Ley de Tierras?
La Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, creó un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales. La norma vigente:
limita al 15 % la titularidad extranjera sobre las tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y municipal o departamental;
establece que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30 % de ese cupo;
limita la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero en la zona núcleo;
restringe la adquisición extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de importancia y de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
Estas disposiciones no impiden la inversión productiva ni excluyen a quienes eligen nuestro país para vivir y trabajar. Su finalidad es establecer controles sobre un recurso estratégico, escaso y no renovable: la tierra.
¿Qué se pretende modificar?
La propuesta original del Gobierno eliminaba los principales límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Ante el creciente rechazo social y la falta de acuerdos legislativos, el oficialismo comenzó a negociar nuevas versiones.
Según el último borrador conocido al 3 de agosto, el límite vigente podría elevarse del 15 % al 25 % del territorio de cada provincia, además de modificarse los controles territoriales existentes. La redacción definitiva todavía se encuentra en negociación, por lo que el alcance del proyecto puede cambiar antes de su tratamiento.
Permitir que una cuarta parte de las tierras rurales de una provincia pueda quedar en manos extranjeras no es una modificación menor. Significa debilitar las herramientas públicas para proteger zonas productivas, cursos de agua, acuíferos, recursos mineros, bosques, áreas fronterizas y territorios de valor ambiental y estratégico.
No se trata de rechazar a las personas extranjeras ni de promover discursos xenófobos. Se trata de diferenciar la inversión productiva de la apropiación y concentración del territorio. Los capitales pueden retirarse; la tierra, el agua y los recursos que se pierden permanecen fuera del control de las generaciones futuras.
Un país que pierde capacidad para decidir sobre sus tierras y sus recursos también pierde herramientas para garantizar trabajo, alimentación, vivienda, salud, educación y desarrollo para su pueblo.
Por eso convocamos a toda la comunidad, sin distinciones partidarias, a participar de una manifestación pacífica, democrática y plural.
📍Jueves 6 de agosto — 18:00hs.
Concentración: Monumento a Malvinas, Plaza Colón, BARADERO.
Movilización: caravana hasta Plaza Mitre.
DEFENDAMOS EL TERRITORIO
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