Las organizaciones sindicales sostienen que la norma modifica aspectos centrales del régimen laboral vigente, afectando derechos.
Diario Tiempo Argentino – 3/Ago/2026
Los principales gremios marítimos y portuarios iniciaron un paro en todos los puertos del país en rechazo al decreto de Javier Milei que desregula una actividad considerada estratégica para el comercio exterior. El Gobierno ya intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata bajo la advertencia de aplicar sanciones administrativas y presentar denuncias penales.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.
La Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
La medida de fuerza impacta sobre la operatoria de los principales puertos del país y podría provocar demoras en el movimiento de mercaderías destinadas a la exportación e importación.
Derechos afectados
Las organizaciones sindicales sostienen que la norma modifica aspectos centrales del régimen laboral vigente, más precisamente, los cambios afectan derechos laborales y alteran el esquema bajo el cual se desarrolla actualmente la actividad.
Además, cuestionan que la reforma haya sido implementada mediante un decreto y reclaman que el Ejecutivo convoque a una instancia de diálogo antes de avanzar con su aplicación.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma busca eliminar regulaciones que consideran innecesarias, agilizar el funcionamiento del sistema y mejorar la competitividad del sector, con el objetivo de reducir costos logísticos y favorecer el comercio exterior.
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