Los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido hace 22 años en Pinamar, se encuentran en la actualidad eximidos de prisión. En tanto , el autor material de ese hecho, el expolicía Gustavo Prellezo, está en condiciones de ejercer el derecho, tras haber sido matriculado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
«Todos los años, en cada aniversario del crimen, nos enteramos que las personas que fueron sentenciadas reciben determinados beneficios. Para esta fecha siempre tenemos malas noticias. Esta vez nos enteramos que Prellezo recibió una matrícula de abogado por parte del Colegio Público de la Capital Federal», señaló a Télam el periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en la Revista Noticias.
El caso
Prellezo participó el 25 de enero de 1997 en Pinamar del homicidio de Cabezas (que fue asesinado e incinerado en una cava cuando tenía 35 años), junto con una banda de delincuentes conocida como «Los Horneros».
El entonces efectivo de la Bonaerense estaba al servicio del empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue procesado como instigador del hecho y se suicidó en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia, un año y cuatro meses después del crimen.
El autor de los disparos que terminaron con la vida del reportero gráfico, según lo estableció la Justicia, está en libertad condicional desde diciembre de 2017, aunque desde 2010 vive en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Prellezo fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años, pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y el país. La misma expirará en 2022.
El ex oficial de la Policía estudió en la cárcel y se recibió, primero, de abogado y, luego, de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Intentó obtener una matrícula de abogado en un colegio público de Quilmes pero, ante una denuncia presentada por la familia de Cabezas, esa entidad optó por no entregarle la habilitación para desempeñarse como letrado.
No obstante, Jorge Rizzo, extitular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, aseguró hoy que esa entidad debió otorgarle una matrícula habilitante a Gustavo Prellezo, condenado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, por «una cuestión legal», pero aclaró que un Tribunal de Conducta de la institución analizará si corresponde una suspensión hasta que el expolicía cumpla su sentencia.
«No tenemos forma legal de negarnos a darle una matrícula a una persona que está recibida y lo solicita. Se la negamos en su momento a una persona involucrada en un juicio penal, y nos hizo un juicio y lo perdimos», señaló Rizzo a Télam.
Los demás condenados
El expolicía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cabezas, está bajo libertad condicional desde septiembre de 2017, tras cumplir durante dos años un período de salidas transitorias.
Gregorio Ríos, exjefe de la seguridad de Alfredo Yabrán, fue condenado a perpetua como instigador del asesinato, pero en 2008 resultó beneficiado con la libertad condicional al cumplirse 20 años de su detención.
El comisario Mario «la Liebre» Gómez, condenado por haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
Sergio Cammaratta, otro de los policías implicados en el caso y sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997, murió en 2015 en el penal de Dolores.
«Los Horneros»
Con relación a la banda de «Los Horneros», los delincuentes comunes de la periferia de La Plata que fueron reclutados por Prellezo para cometer el crimen de Cabezas, también quedaron desvinculados de la causa.
José Luis Auge recibió una condena en el juicio que se llevó a cabo en 2004 pero, cuatro años más tarde, quedó en libertad.
Su cómplice Sergio Gustavo González, tras ser sentenciado a prisión perpetua, recibió una reducción de su condena. Salió de la cárcel en 2006 y, en 2018, se le declaró la extinción de la pena, aunque aún tiene una causa por drogas radicada en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, Horacio Braga quedó en libertad condicional diez años después del crimen y, a mediados de 2018, cumplió su condena con la Justicia.
Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió de sida en la cárcel, un año después.
lavoz.com.ar
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