La ley de extranjerización de tierras que intentará imponer el gobierno esta semana en el Senado reconfigura el sentido del derecho de propiedad para consolidar la hegemonía casi absoluta del capital concentrado global sobre el territorio argentino. Las consecuencias de crear múltiples Estados paralelos.
por Alejandro Pairone – Diario Tiempo Argentino – 1/Ago/2026
La llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que intentará imponer esta semana el régimen de los libertarios en el Senado nacional busca consolidar la hegemonía casi absoluta del capital concentrado global sobre el territorio argentino y sus bienes naturales mediante la reconfiguración profunda del sentido del derecho a la propiedad y que, en los hechos, significará una claudicación de soberanía sin precedentes.
Esta nueva embestida oficial no opera por sí misma en forma aislada sino que conforma un plexo normativo con el llamado Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y su sucedáneo apodado “Súper RIGI”; la reforma a la Ley de Glaciares, que permite su destrucción para la minería; la derogación de hecho de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena y el relajamiento de los controles para el acceso a la tierra en las zonas de frontera, entre otras.
Así surge de un estudio del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) en colaboración con el Observatorio de Tierras PRIHA (Proyecto de Investigaciones sobre Historia Agraria), que funcionan en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas, respectivamente.
El trabajo del OUBA y PRIHA aborda las consecuencias inmediatas del retiro del Estado en sus obligaciones básicas sobre el control del territorio nacional, pero además advierte sobre las derivaciones de mediano y largo plazo en materia de gentrificación, aumento de la exclusión y del conflicto social, eventual incremento del crimen organizado, limitaciones a la producción estatal de conocimiento científico sobre el propio país y pérdida de capacidades para volver a poner los bienes estratégicos de la Argentina al servicio de un proyecto de desarrollo nacional con inclusión y equidad.
“Milei de propiedad privada. Un Avance sobre la Soberanía y los Derechos Ciudadanos”, se titula este trabajo producido elaborado por Matías Oberlin, doctor en Historia y coordinador del PRIHA; Pablo Volkind, doctor en Historia, director del PRIHA y coordinador del OUBA; Gabriela Elías, profesora de Historia e investigadora del PRIHA, y Florencia Chomnalez, Licenciada en Geografía, Magíster en Gestión Ambiental y docente de la UBA, la Unsam y la Untref.
También participaron María Laura Isla, magister del Instituto de Estudios Sociales, Agroalimentarios, Rurales y Ambientales y del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”; Juan Francisco Mereb, licenciado en Geografía y magister en Gestión Ambiental, y María de la Paz Toscani, investigadora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, y doctora en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Todo el trabajo fue coordinado por el licenciado Andrés Cárdenas, del OUBA.
En cada uno de sus capítulos, la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada garantiza hegemonía e impunidad al capital concentrado global para operar sin límites sobre tierras rurales o bosques nativos, determinar a voluntad el uso de los lagos y ríos que encierren, imponer por la fuerza desalojos expréss en plazos brevísimos, urbanos y rurales, sin el concurso de los afectados. También limitar, entorpecer y encarecer las expropiaciones por causas de utilidad pública, y desfinanciar y encerrar en una vía muerta los proyectos para el mejoramiento de los barrios populares. Otro de los puntos de extrema gravedad, derivados de su articulado, es que relaja los controles sobre Zonas de Seguridad de Frontera (150 kilómetros en límites terrestres y 50 en zonas costeras) donde ciudadanos extranjeros no residentes están taxativamente impedidos de comprar tierras (ver desarrollo aparte).
“El proyecto redefine el rol del Estado sobre la tierra y configura de nuevo, en los hechos, el sentido mismo del derecho a la propiedad en la Argentina, porque el Estado cede todo el control sobre ella. Se trata de un cambio que (…) que marca retrocesos en la forma de concebir la relación entre propiedad, Estado y sociedad”, advierte Pablo Volkind, uno de los autores del informe.
El ejemplo más claro es que será la norma, y no la excepción, la realidad que se vive en el corredor cordillerano entre Bariloche y El Bolsón, en Río Negro, donde un conjunto de familias reales del Medio Oriente y Europa, junto con capitales belgas, británicos e italianos, entre otros, conforman un enclave extranjerizado con sus propias normas, dominio sobre el poder político y ejércitos privados que agreden a quienes se atrevan a desafiarlos. Detentan más de 100 mil hectáreas (equivalentes a cinco veces la ciudad de Buenos Aires) adquiridas ilegalmente con testaferros, sociedades fantasma y fidedicomisos fradulentos que, si se aprueba el proyecto, quedarán legalizadas automáticamente.
El caso más conocido es el del exconvicto inglés Joe Lewis, condenado a prisión en Nueva York por fraude financiero pero recién indultado por el presidente Donald Trump. Lewis se alzó con las tierras ilegalmente, se apropió del Lago Escondido, utiliza fuerzas paramilitares para repeler los accesos al lago, tiene poder de veto sobre las decisiones provinciales y una potestad política sin precedentes sobre la Municipalidad de El Bolsón y todos los intendentes de la zona que deben recibir su bendición, sin excepciones.
Esa hegemonía absoluta del capital actúa sobre zonas del territorio nacional con recursos naturales estratégicos. “Cuando estos recursos quedan en manos extranjeras, su explotación deja de responder a un proyecto nacional de desarrollo y pasan a subordinarse a los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias”, profundiza Volkind.
Otra de las consecuencias de mediano plazo de este proyecto será una paulatina gentrificación y desplazamiento de pequeños productores agropecuarios, de la agricultura familiar, campesina e indígena. Según anticipa el investigador Matías Oberlín, “favorece una mayor concentración y presión sobre el mercado de tierras: puede impulsar el aumento de precio en zonas de mayor demanda, dificultando el acceso para poblaciones locales, de pueblos originarios y proyectos productivos”, entre otros. “Se trata, en concreto, de una ley de extranjerización que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a sus bienes comunes”, concluye.
Esta gentrificación, sumada a las reivindicaciones de territorios ancestrales por parte de las comunidades originarias incrementarán paulatinamente la violencia del conflicto social en las provincias, donde hasta ahora los gobiernos locales no han sabido buscar soluciones pacíficas y democráticas, sino que muy por el contrario, han echado mano al único recurso de demonización, criminalización y represión de las protestas, en particular las de los pueblos originarios.
También, las tensiones sociales se incrementarán con la aplicación punitivista de los desalojos que plantea esta normativa, que excluye las necesidades de las personas. La nueva forma de desalojos “convierte al ocupante en usurpador, y al usurpador en un delincuente. Así, un tema de vivienda será un tema de Seguridad. La reforma no inventa ese sentido común. Lo escribe en el Código”, analiza la investigadora María de la Paz Toscani. En este punto no surgen casi diferencias entre lo urbano y lo rural: son políticas que diario aplican, por ejemplo, los gobernadores de Chubut y Río Negro, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, respectivamente, al igual que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ha convertido la criminalización de los desalojos en cortos publicitarios con el lema “Hay que merecer la Ciudad”.
El crecimiento del crimen organizado en las zonas de frontera será un subproducto de esta reforma extranjerizante que podrá verificarse con el correr de los meses. Concretamente, la relajación de los controles sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en las zonas de Seguridad de Frontera permitirá la conformación de enclaves transfronterizos adquiridos por sociedades extranjeras.
Las compras de grandes extensiones podrán realizarse con fondos carentes de control de legalidad de origen gracias a la gran cantidad de normas, desregulaciones y blanqueos impuestos por el régimen de los libertarios para la libre circulación financiera, desde diciembre de 2013. Fondos provenientes del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, entre otros, tienen vía libre para desembarcar en la Argentina.
Encarcelado en los Estados Unidos, el narcolavador confeso Federico Machado es por el contrario un empresario minero con 294 concesiones de canteras de arenas silíceas en la Río Negro de Alberto Weretilneck, con quien se reunió reiteradamente en compañía de un representante de la Unión de Bancos Suizos (UBS). La nacocriminalidad ya campea por la zona.
En el informe OUBA-PRIHA, aborda un factor determinante que, de avanzar el proyecto de extranjerización, condicionará la capacidad argentina para producir información sobre sí misma ante la dificultad de acceder a datos reales, y por la destrucción y desfinanciamiento de los organismos públicos que deben estudiarlos. En breve, no habrá bases de datos actualizados.
“El Estado no solo ve reducida su capacidad de regulación, sino también la de producción de conocimiento sobre el territorio, lo cual limita sus posibilidades de intervención. Sin información, sin articulación institucional y sin herramientas técnicas, la posibilidad de orientar políticas públicas se verá sustantivamente restringida”, alerta la investigadora Florencia Chomnalez.
Y añade: “Los territorios ambientalmente estratégicos (bosques nativos, humedales, áreas de montaña, regiones de frontera, cuencas hidrográficas, lagos patagónicos y acuíferos) cumplen funciones esenciales vinculadas con la conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico, la captura y almacenamiento de carbono, la protección de los suelos y la provisión de numerosos servicios ecosistémicos. Desde una perspectiva ambiental, estos territorios requieren una atención especial debido a su importancia ecológica, social y estratégica”.
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