Las declaraciones de Luis Caputo y Manuel Adorni reavivaron una frágil situación entre los textiles detrás del debate por los precios. El sector advierte que la apertura importadora avanza sin tocar impuestos ni costos estructurales y acelera la desindustrialización.
elDiarioAR – 4/Feb/2026
El ministro Caputo puso el foco en el precio de la ropa en Argentina y abrió un debate con la industria textil nacional. Archivo elDiarioAR
La frase del ministro de Economía, Luis Caputo, resonó como una provocación en una industria que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, dijo el funcionario para justificar la apertura importadora y la presión oficial para bajar precios. Las respuestas no solo llegaron desde las cámaras empresarias, sino también desde el propio Gobierno, con intervenciones de Manuel Adorni que profundizaron el enfrentamiento con el sector.
“Si importás un jean y te cuesta 25 dólares mientras que acá sale 100, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”, desafió el jefe de Gabinete en una entrevista televisiva, al relativizar el impacto de las importaciones sobre el empleo. Para Adorni, la diferencia de precios se redistribuiría en otros sectores de la economía y beneficiaría al consumo general.
Pero la industria textil sostiene que esa mirada reduce una crisis profunda a un ejemplo aislado. “No lograron desarmar ni un solo impuesto”, respondió Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), quien cuestionó que el Gobierno reclame competitividad sin modificar la estructura de costos que pesa sobre la producción local. “Hablan de precios, pero no tocaron ninguno de los factores que los explican”, agregan desde el sector.
Una crisis que no entra en una comparación de precios
Los datos muestran un panorama muy distinto al que describe el discurso oficial. Según estimaciones sectoriales, la cadena textil-indumentaria perdió alrededor de 18.000 empleos formales en los últimos dos años y cerraron más de 500 establecimientos, en su mayoría pymes. La caída golpea con fuerza en el conurbano bonaerense y en provincias con tradición fabril, donde la industria textil es una de las principales fuentes de trabajo.
La producción también se desplomó. Registros de la Fundación Pro Tejer indican que la actividad textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025 y casi 48% frente a noviembre de 2023. En ese marco, la utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 29%, uno de los niveles más bajos de toda la industria manufacturera: siete de cada diez máquinas están paradas.
Para Drescher, la discusión no puede limitarse al precio final de una prenda. “Comparar una remera importada con una hecha en Argentina sin mirar impuestos, logística, alquileres y financiamiento es una trampa”, sostienen en la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Desde el sector explican que una parte sustancial del valor en góndola no se explica por el costo productivo sino por cargas impositivas, costos financieros y comerciales que el Gobierno no modificó.
Caputo y Adorni: la ofensiva discursiva
Las declaraciones de Caputo y Adorni fueron leídas por los industriales como una señal política clara: el Gobierno está dispuesto a sacrificar producción y empleo en nombre de la baja de precios. “No tenemos que proteger industrias sino a los argentinos”, insistió Adorni, en línea con el planteo del Ministerio de Economía.
Sin embargo, los empresarios advierten que esa lógica desconoce el carácter estratégico del sector. La industria textil es intensiva en mano de obra, tiene encadenamientos productivos amplios y cumple un rol clave en economías regionales. “Cuando cierra una fábrica textil no baja solo una persiana: se cae una red de talleres, proveedores y comercios”, alertan.
El conflicto dejó al descubierto una discusión más profunda sobre el modelo económico. Mientras el Gobierno plantea la apertura importadora como solución casi exclusiva para contener precios, la industria señala que sin políticas activas el resultado es desindustrialización. La narrativa oficial opone consumidores a productores, pero omite que la pérdida de empleo también impacta en el consumo y en la recaudación.
“Se habla de precios como si fueran una decisión unilateral del empresario, cuando en realidad están condicionados por una macroeconomía inestable y costos que el propio Estado impone”, repite Drescher. En ese contexto, la apelación a ejemplos individuales —“yo no compro ropa acá”— aparece para el sector como una forma de deslegitimar a toda una actividad.
MC
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