El ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciará mañana los detalles de un “Plan de Seguridad Inteligente”, basado en el “modelo Tigre” que puso en marcha cuando fue intendente de ese partido del norte del conurbano bonaerense. La iniciativa incorpora una batería de medidas y proyectos de ley, que establecen penas más duras, una “ley seca de municiones”, y la definición de tipos penales, como las balaceras, una modalidad delictiva que ejecutan las bandas narcocriminales de Rosario.
Aunque todavía no está definido el lugar y el formato de la presentación, el ministro de Economía instruyó a su equipo para que concluyan los detalles del programa que abordará uno de los reclamos que atraviesan a la sociedad argentina y gravitan con mayor peso al decidir el voto. De hecho, todavía se está midiendo el impacto que tuvo en las PASO el caso de Morena Domínguez, la chiquita de 11 años que fue asesinada por motochorros cuando estaba por entrar a su escuela de Lanús.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, que trabajó junto a un grupo de expertos, confirmó a Infobae que se anunciarán medidas, pero evitó dar precisiones sobre su contenido. Aseguró que Massa “dio una línea muy clara para volver a recuperar la tranquilidad pública”, planteó la necesidad de “construir un escudo de seguridad que proteja a los ciudadanos de los delincuentes”.
El plan de seguridad incorporó una planificación para poner en marcha en los primeros 100 días de gobierno medidas en materia de seguridad ciudadana y también vinculadas a la Justicia. Se trata de acciones que demandarán la sanción de nuevas leyes y cambios en normativas vigentes. Así, junto al detalle de las iniciativas se anunciarán proyecto a ser enviados al Congreso para su tratamiento.
En concreto, la idea que maneja el equipo de Massa es poner en marcha una seguridad “anticipatoria y preventiva” y desprovista de condicionantes ideológicos. Son medidas que toman distancia del ultra garantismo que en las últimas décadas terminó favoreciendo más a los delincuentes que a las víctimas. Es el abolicionismo penal asentado en la doctrina y la jurisprudencia que tiene al ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, como cara visible.
“Nadie quiere polémicas. Son medidas que se van a presentar en el Congreso y fueron redactadas respetando la Constitución”, explicaron las fuentes. Más allá de la intención de evitar controversias, sobre todo en campaña, Massa mostró diferencias profundas con el ultra garantismo. Fue evidente cuando en medio de la pandemia desde oficinas kirchneristas empujaban la salida de detenidos para evitar contagios en las cárceles y el entonces presidente de la Cámara de Diputados instruyó a sus legisladores bonaerenses a pedir el jury a los “jueces saca presos”.
Sin embargo, no supone un giro de 180 grados. De hecho, uno de los temas que se ocuparon de aclarar que no se va a tocar es el veto a la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Son temas que suelen mencionan en los equipos de Javier Milei y de Patricia Bullrich. “Sólo pueden actuar los militares en facultades subsidiarias ya habilitadas en la Ley de Defensa Nacional”, aclararon desde Unión por la Patria.
Además de Gutiérrez, el equipo que trabajó en el plan de seguridad está integrado por Ricardo Casal, ex ministro de Seguridad y Justicia bonaerense y uno de los funcionarios de más confianza de Massa en el Ministerio de Economía, desde Legal y Técnica; la diputada nacional y ex ministra de Justicia de Salta, Pamela Caletti; el diputado provincial santafesino Oscar “Cachi” Martínez, que impulsó la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en esa provincia; y la diputada nacional Mónica Litza, que proviene del Frente Renovador y conoce en profundidad el conurbano bonaerense. Se completa con Eduardo Feijoó, que estuvo a cargo de poner en marcha con Massa los sistemas de seguridad ciudadana, monitoreo y videovigilancia en Tigre.
Batería de medidas
El programa se propone estandarizar a nivel federal ese “modelo Tigre”, con una fuerte inversión en anillos de digitalización para la seguridad, centros de monitoreo que contemplen la incorporación de cámaras domo, con capacidad de visión de 300 metros y motor de inteligencia artificial. Son equipos que pueden grabar desde la patente hasta hacer identificación de rostro, contra el banco de imágenes de prófugos y evadidos,
Esa federalización supone la cooperación y el diálogo con gobernadores e intendentes que estén interesados en incorporar esas herramientas, principalmente en los corredores de mayor incidencia delictiva. “Vamos a poner el termómetro donde está la fiebre”.
Pero el plan requiere también una recapacitación de las fuerzas de seguridad y de los operadores de seguridad, que son aquellos agentes que en el presente y el futuro estén a cargo de los centros de monitoreo 24×24. Entre los contenidos y aptitudes que recibirán se destaca la formación en ‘perfilación criminal’, una técnica que utiliza el FBI de Estados Unidos, que permite detectar acciones preparatorias para cometer delitos y actuar de manera preventiva.
El candidato de Unión por la Patria también impulsará el combate contra la modalidad delictiva como “motochorros”, e impulsará límites para las excarcelaciones y un endurecimiento de la pena para aquellos delincuentes que utilicen esos vehículos. “El tipo que se sube a una moto para robar se baja en la cárcel”, aseguran que planteó Massa.
También se anunciarán cambios legislativos en materia de portación ilegal de armas de fuego para evitar que ese delito sea excarcelable, fijando una pena de hasta ocho años de prisión. “Pasará a ser un delito grave”, explicaron y agregaron que otra iniciativa clave será la presentación de una “ley seca de municiones”.
Las balaceras de Rosario
Se impulsará una normativa que regule de manera estricta la compra y venta de todo tipo de balas, independientemente del calibre. Explicaron que, por ejemplo, en el interior del país las municiones calibre 22 se compran en ferreterías, cuando son de las más peligrosas y dañinas. “Esas balas son las que más daño hacen, porque tienen orificio de entrada, pero no de salida. Ese plomo ‘camina’ dentro del cuerpo y genera un enorme daño en los órganos y suele ser mortal”, explicaron.
Con esa “ley seca de municiones” no sólo apuntará a controlar más las balas de menor porte, sino también atacar el insumo imprescindible para las balaceras que ocurren, sobre todo, en Rosario. “No puede ser que aparezcan tiroteos de 100, 200 o 500 balazos, como si nada”, explicaron.
Por eso, el equipo de seguridad del Frente Renovador impulsará la definición de un nuevo tipo penal que será el de las balaceras, haciendo una distinción entre las que se realizan con objetivo homicida y las que tienen un fin extorsivo. “Es un delito independiente que tiene que estar contemplado en el Código Penal”, explicaron las fuentes y precisaron: “La balacera mortal es típica de sicariato y la intimidatoria es parte de la acción extorsiva, que tiene el objetivo de generar temor para obtener dinero a cambio de una supuesta protección”.
Justicia y fuerzas de seguridad
En el programa también se contemplará la descentralización de las fuerzas federales y de la Justicia Federal para hacer más eficaz el combate contra el delito. En ese sentido, se impulsará la creación de una Agencia de Fuerzas Combinadas, que requerirá una modificación de la Ley de Seguridad Interior.
La idea es poder establecer en zonas de alto perfil, como Rosario y otros conurbanos, de Mendoza, Córdoba o partidos bonaerenses, comandos unificados que contenga a la policía local, provincial y fuerzas nacionales como Gendarmería o Prefectura, para enfrentar bandas criminales o focos delictivos de alta peligrosidad, principalmente los vinculados con el narcotráfico.
Se trata de una reforma legislativa, con una ley de adhesión, para que se desplieguen ese tipo de unidades con acuerdo previo de la provincia. Hoy, esas intervenciones sólo se pueden dar en caso de conmoción interior o estado de sitio. Las fuentes aclararon que en esa Agencia de Fuerzas Combinadas no reunirá sólo fuerzas de seguridad, sino que también habrá dependencias del área social, educativa y de salud. También estamentos que persiguen delitos económicos, como la AFIP, la UIF o la PROCELAC.
Por último, en materia de Justicia, el plan de seguridad impulsará la descentralización y la creación del “instructor judicial” como un agente nuevo que forme parte del Ministerio Público, y que tenga la misión de ser una instancia intermedia y con capacidad de adoptar decisiones cautelares. Es una figura intermedia entre la Policía y la Fiscalía. Y finalmente, se le dará nuevo impulso a la puesta en marcha de la Policía Judicial, para que los jueces tengan una fuerza propia que actúe como un auxiliar y que no dependa, como es actualmente con los efectivos policiales que dependen del Poder Ejecutivo Nacional.
Infobae
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