La aprobación de la ley de bases ha encendido una serie de interrogantes sobre las verdaderas intenciones y los acuerdos ocultos que se han fraguado en la política argentina. Santiago Caputo, conocido por su habilidad para maniobrar en las sombras, ha sido señalado como el cerebro detrás de reuniones nocturnas en las que se decidieron movimientos clave. Los participantes de estos encuentros, conscientes de la protección mediática de la que gozan, se mostraron sin reparo, seguros de que sus intereses estarían resguardados por quienes defienden a los poderosos.
La cercanía del quórum y la posibilidad de que la vicepresidenta tuviera que desempatar en una votación crucial, sumada a la estrategia de La Libertad Avanza para conseguir sesionar con solo siete senadores y obtener 37 votos, ha generado un clima de sospecha. El inesperado resultado, donde Javier Milei se alza como campeón de una agenda que promete el desmantelamiento del Estado, ha dejado a muchos cuestionando la legitimidad del proceso.
En medio de la euforia y el orden impuesto tras la votación, comenzó a discutirse la instalación de una planta de GNL en alguna provincia patagónica. Esta decisión, vista por algunos como un ataque directo a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, añade otra capa de incertidumbre sobre las verdaderas intenciones detrás de estos movimientos políticos.
Las acciones de los protagonistas y las circunstancias que rodearon estas decisiones no hacen más que aumentar las sospechas sobre una posible trama destinada a beneficiar a un grupo selecto en detrimento del interés público.
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