En medio del debate nacional por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diputados peronistas presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para fijar un tope del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y fijar controles sobre zonas estratégicas.
por Jorgelina Naveiro – Diario Tiempo Argentino – 30/Jul/2026
En plena discusión nacional por la desregulación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el peronismo bonaerense salió a marcar la cancha con una propuesta diametralmente opuesta. Diputados de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca limitar al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel provincial como municipal, en respuesta a la propuesta que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional.
La iniciativa lleva la firma del presidente de la bancada de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli (La Cámpora), y sus pares Noelia Saavedra (Movimiento Evita) y Cintia Romero (Patria Grande) y propone crear el «Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales». El objetivo es que la Provincia establezca su propia regulación tras la derogación de la Ley Nacional de Tierras -mediante el DNU 70/2023- y ante el cambio que La Libertad Avanza impulsa con la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» en el Congreso.
La propuesta fija que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán superar el 15% de la superficie rural en el territorio provincial ni en cada municipio bonaerense. Además, establece que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% de ese cupo y que un mismo titular extranjero no podrá poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada «zona núcleo» (en el norte bonaerense, donde están las tierras más fértiles), o su equivalente en otras regiones productivas de la provincia.
El texto también incorpora controles más estrictos sobre la adquisición de tierras a través de sociedades comerciales, fideicomisos o fondos de inversión, obligando a identificar al beneficiario final de cada operación para evitar maniobras de triangulación o la utilización de testaferros. Incluso declara nulos los actos jurídicos realizados para eludir las restricciones previstas por la ley.
Otro de los ejes centrales es la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, que concentrará la información sobre la titularidad de los inmuebles, emitirá certificados para las operaciones alcanzadas por la ley y tendrá facultades para impedir administrativamente o reclamar judicialmente la nulidad de las transacciones que no respeten el régimen.
A la vez, el proyecto crea la figura de las «zonas de protección territorial estratégica», que abarcan humedales, cuencas hídricas, costas, islas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas, territorios de agricultura familiar y otras áreas consideradas sensibles. En estos casos, toda compra o transferencia a favor de extranjeros deberá contar con autorización previa del Estado provincial, que podrá rechazarla si considera que afecta el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local o favorece procesos de especulación inmobiliaria y concentración económica.
Los argumentos del proyecto
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la iniciativa responde a la necesidad de preservar el control provincial sobre recursos estratégicos y cuestionan directamente la política del gobierno nacional. «El pasado 20 de diciembre de 2023 se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que en su artículo 154 deroga la Ley 26.737 de Tierras Rurales sin que la norma esgrima fundamentos suficientes de la medida», señalan.
También remarcan que, mientras la Justicia aún analiza la constitucionalidad del DNU, «se hace necesario velar por los intereses de los y las bonaerenses, y en consecuencia de los argentinos y argentinas».
Los autores recuerdan además que, según la Constitución Nacional, «los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias», por lo que consideran que Buenos Aires tiene potestad para regular la adquisición de tierras rurales dentro de su territorio. En ese sentido, afirman que «regular la extranjerización de la tierra rural en el territorio bonaerense representa un asunto de interés público y general de la Provincia».
Como uno de los principales argumentos, el proyecto advierte que existen distritos donde la participación extranjera ya supera ampliamente el límite del 15% que pretende restablecer la iniciativa. Allí menciona los casos de Zárate, donde el porcentaje alcanza el 24,8%, y Campana, con 50,2% de tierras rurales en manos extranjeras, dos municipios considerados estratégicos por su ubicación sobre el río Paraná.
Finalmente, los diputados concluyen que «existen fundamentos para que la provincia de Buenos Aires apruebe su propia Ley de Tierras Rurales en defensa de los intereses de los y las bonaerenses», sintetizando así el espíritu de la iniciativa que busca convertirse en la respuesta bonaerense al proyecto de desregulación impulsado por la Casa Rosada.
Comentarios de Facebook