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Es fundamental educar a la dirigencia y a los funcionarios en cuanto al acceso justo para las personas con capacidades diferentes. En Baradero, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan, el acceso a servicios, espacios públicos y atención adecuada para personas con discapacidad, ya sea transitoria o crónica, sigue siendo limitado. Esto genera un retroceso en el avance social, afectando la inclusión y la igualdad de oportunidades. La falta de infraestructura accesible, la carencia de políticas públicas efectivas y la poca concienciación en torno a las necesidades de las personas con discapacidad agravan la situación. Es necesario promover acciones formativas para los responsables de tomar decisiones, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad. La inclusión no es solo una obligación legal, sino un compromiso social. Si no actuamos de inmediato, continuaremos excluyendo a un sector importante de la población, perpetuando desigualdades que deberían ser superadas con educación, voluntad política y acción concreta.

La reciente represión en una marcha pacífica en defensa de los derechos previsionales de los jubilados dejó una imagen desgarradora que ha conmocionado al país: una niña, que participaba junto a su madre, fue brutalmente agredida por las fuerzas de seguridad. Esta escena, que no solo debería ser impensable, sino inadmisible en una democracia, ha encendido todas las alarmas sobre el uso desmedido de la violencia estatal. La marcha, convocada para expresar el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre una ley que buscaba mejorar la situación de los jubilados, se convirtió en un escenario de represión descontrolada. Entre gases y golpes, una niña quedó en medio de la violencia, una víctima inocente en una manifestación que luchaba justamente por los derechos de quienes más necesitan protección: nuestros mayores. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, un gobierno ordene reprimir a ciudadanos que defienden derechos legítimos, y mucho más alarmante es que una menor haya sido agredida de forma indiscriminada. Este acto no solo vulnera todas las normas constitucionales y tratados internacionales que protegen a la infancia, sino que además muestra una peligrosa falta de humanidad y sensibilidad por parte de quienes deben garantizar la seguridad de todos. La violencia ejercida sobre esta niña no solo genera indignación, sino una profunda preocupación por el rumbo que está tomando el país. ¿Cómo llegamos a un punto en el que se agrede a una menor en una protesta pacífica? Este episodio deja en evidencia el abuso del poder y la deshumanización en la respuesta estatal, poniendo en riesgo el respeto por los derechos básicos de todos los ciudadanos. La agresión a esta niña, junto con la violencia desmedida contra los manifestantes, nos obliga a replantearnos el papel de las fuerzas de seguridad y las políticas que permiten estos excesos. La sociedad no puede permanecer indiferente ante la brutalidad dirigida hacia los sectores más vulnerables. Es urgente que se investigue y se sancione a los responsables, y que se establezcan garantías para que episodios como este no vuelvan a ocurrir. No es solo un ataque a una niña; es un ataque a nuestros valores más fundamentales. Hoy más que nunca, debemos alzar la voz en defensa de la justicia, el respeto y la dignidad humana.

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