Las personas con discapacidad en Argentina tienen derecho a gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. El Estado argentino, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal tiene la obligación de garantizar la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad, eliminando barreras físicas, sociales y actitudinales que impiden su autonomía y desarrollo.
A nivel nacional, la Ley 24.901 (Ley Nacional de Servicios de Rehabilitación Integral y la Inclusión de las Personas con Discapacidad) garantiza el acceso a la salud y la rehabilitación, mientras que la Ley 26.378 ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, estableciendo su jerarquía constitucional en el país.
A nivel provincial, muchas jurisdicciones han adoptado normativas que complementan estas leyes nacionales, como la Ley 14.274 en la provincia de Buenos Aires, que establece la creación de un Sistema Provincial de Salud para Personas con Discapacidad. Además, las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la educación, el empleo y la accesibilidad, y se deben implementar medidas para prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades, conforme al principio de la no discriminación presente en la Ley 22.431.
El respeto a la dignidad, la igualdad y la no discriminación debe ser promovido y garantizado en todas las esferas de la vida de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, género, etnia o condición económica.
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