Hay 31 municipios que piden asistencia para pagar salarios a fin de año. El esquema para bajar gasto. 135 municipios de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal requieren asistencia financiera.
El abracadabra salarial para los empleados de 31 municipios bonaerenses es ATN o ATP: Aportes del Tesoro Nacional o Aportes del Tesoro Provincial. En criollo: fondos extras de la Casa Rosada o de la Gobernación. O ambas.
A días de entrar en diciembre, un mes típicamente sensible, 31 de los 135 municipios de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal requieren asistencia financiera para pagar salarios en el cierre del año, según un informe al que accedió Clarín.
«Cuando asumimos había 109 municipios con déficit», dicen en La Plata para amortiguar el impacto del número que refleja que uno de cada cuatro distritos bonaerense está «quebrado».
El mapa del rojo fiscal lo encabezan tres dominios enormes: Mar del Plata, que gobierna Carlos Arroyo, y Bahía Blanca, a cargo de Héctor Gay; ambos son de Cambiemos. Tercero está Moreno, del GBA, en manos del ultra K Walter Festa.
De los 31, cuatro son del Conurbano: además de Moreno, están José C. Paz, San Vicente y Berisso, la cuna peronista que en 2015 pasó a ser gobernada por el radical Jorge Nedela y está en situación crítica.
Del interior provincial aparecen distritos importantes como Azul, Pinamar o Necochea. La mayoría de los que requieren auxilio son de Cambiemos: 23 de los 31. Hay seis del FpV, uno vecinalista y otro del Frente Renovador.
En La Plata aclaran que no todos los distritos están en la misma condición. «No es lo mismo un distrito que recaudó menos por la inundación que otro que aumentó gastos corrientes y sumó personal», ejemplifican.
Hay conversaciones con el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio para que gire ATN para auxiliar a los municipios. «Veremos caso por caso, pero después de dos años de gestión, cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de sus sueldos», avisa un funcionario y aporta un doblez político: sostiene que «el argumento de la herencia cada vez pesa menos». Incluye a los oficialistas.
El vidalismo tiene un big data económico para saber el estado de las cuentas, designaciones y gastos de cada municipio. «Sabemos bien cómo está cada uno», asegura un integrante del staff bonaerense que sigue el vínculo con los intendentes.
Con esa información, pedirán a los alcaldes que propongan planes de recorte del gasto. «No les vamos a soltar la mano pero no puede haber auxilio permanente», advierten.
Con el paquete del presupuesto 2018, la gobernadora logró que le aprueben la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece parámetros de gestión: el gasto no puede crecer más que la inflación ni el personal aumentar más que la población.
Es un calco de la ley nacional que el ministro de Economía Hernán Lacunza empujó en la Provincia. Cada distrito podrá adherir o no. El que lo haga podrá tomar deuda para inversión o recibir asistencia en caso de «imprevistos».
El peronismo pataleó porque lo asume como una intromisión en la autonomía de los municipios porque limita contrataciones y erogaciones. Muchos avisan que no van a firmar la adhesión. Estaba, activa, una ley similar de la era Scioli.
Clarin
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