El Estado obliga a sus ciudadanos pero no les facilita los medios para que cumplan
Todos los baraderenses saben que las motocicletas son una parte del paisaje de la ciudad ya que son muchos los vecinos que se transportan en ellas ya que se trata de un vehículo relativamente económico por lo que se encuentra al alcance de muchos usuarios, siendo para numerosas familias de nuestro medio un transporte eficaz y, en casos, casi insustituible.
Quien desee saber o al menos tener una idea de lo que la comercialización de dichos rodados significa entre nosotros, no tiene más que pasar por la oficina local del Registro de la Propiedad Automotor donde todas las mañanas, de lunes a viernes, hay una larga cola de personas a la espera de concretar los distintos trámites que allí se realizan. Uno de ellos, precisamente, es la transferencia, gestión que resulta ineludible cada vez que se adquiere un vehículo automotor. Por supuesto que entre ellos están las motocicletas que, de igual manera que los autos, requieren ser «verificadas» en sede policial por un perito que tras la revisión dictaminará si la moto está en condiciones adecuadas para ser transferida; esto es que no tiene numeración alterada, si los números del cuadro se corresponden con los que figuran en el título y demás. Se reitera que esta verificación policial es condición «sine qua non» para poder transferir la moto.
La Comisaría de Baradero tenía una oficina para realizar ese trámite y un perito encargado de ello… pero «tenía» ya que lamentablemente esa persona, de acuerdo a lo que se informa en sede policial, tiene problemas de salud de una magnitud que no le permite trabajar y está de licencia. Sucedió entonces que, a manera de un remiendo, todos los jueves llegaba de San Pedro un perito verificador que nada más que ese día y en el escueto horario de 8 a 12, intentaba atender a los que necesitaban realizar el trámite sin lograrlo ya que la computadora que utiliza para su cometido, inexorablemente a las doce del mediodía cierra el programa de manera automática de forma tal que ni siquiera con la mejor buena voluntad, el efectivo policial puede continuar su tarea, lo que además no le está permitido porque, así se nos hizo saber, ya no es el Estado quien presta el servicio sino que ahora se encarga de hacerlo «una empresa privada» que, por supuesto, solamente piensa en su ganancia sin importarle lo que ocurra con los usuarios, lo que no es reprochable puesto que no es tarea de la empresa cuidar eso sino de un Estado que como en otras cuestiones, solamente brilla por su ausencia.
No hace falta ni siquiera aclarar demasiado que una oficina que funcionaba de lunes a viernes, de repente constreñida a atender solamente un día y nada más que cuatro horas, no iba a dar abasto ante la gran demanda existente y así resultó. Hubo personas que fueron a verificar más de una vez y se retiraron sin poder hacerlo ya que las doce del mediodía llegaron sin que ellos lo hicieran siquiera a la puerta del pequeño local.
Todo baraderense deberá verificar en San Pedro
Como si los descritos no resultaran males suficientes, a partir de ayer el servicio de verificación que se prestaba localmente fue suspendido sin fecha por lo que desde ahora todo aquel que deba realizar el trámite que, se reitera, es obligatorio, deberá ir hasta San Pedro como sea: los que verifiquen auto irán en él, pero los que tengan motocileta deberán ir en ella o transportándola en un rodado adecuado con el consiguiente gasto, riesgo e incomodidad que ello implica, téngase en cuenta que hay casos en los que se trata de personas mayores a las que se les complica sumamente un trámite que no debiera tener ninguna ya que, esto no ha sido mencionado hasta aquí, quien requiera hacer la verificación comentada, antes debe abonar un arancel de más de $ 300 siendo tal cosa un requisito indispensable por lo que, además, se incomoda en gran manera a personas que han abonado por un servicio que el Estado exige en forma obligatoria y que, en este caso y como mínimo, presta de manera cuestionable.
Las causas
El Diario quiso conocer cuáles son las causas de lo que está sucediendo ya que se hace evidente que el problema radica en la escasez de peritos, puesto que lo que sucede en nuestro medio se repite en algunos otros lugares, por ejemplo y nada menos que en San Nicolás cuyos vecinos deben trasladarse hasta Ramallo para cumplir con el trámite por idéntica causa, la falta de un perito verificador. La escasez se debe a que formar un técnico verificador requiere sustraerle a una repartición policial un hombre que deberá concurrir durante un año a clases de aprendizaje lo que le impedirá prestar servicio como policía clásico y ningún jefe quiere proporcionar un efectivo para dicha tarea. Cae por su propio peso que la decisión de que un efectivo se capacite como perito verificador no puede estar en manos de quienes poseen intereses que naturalmente priorizan.
La Municipalidad de Baradero también deberá inmiscuirse en este tema que no puede resultarle indiferente, haciendo que haya una oficina de atención en la comisaría local y hasta que tal cosa no se concrete, bajando el nivel de exigencia de la inspección callejera, por supuesto que contemplados los casos, ya que no se le puede reclamar transferencia a los usuarios cuando no se les brindan los medios adecuados para que cumplan con el trámite. Es verdad que los motociclistas sin transferencia circulan en infracción, pero no lo es menos que aquellos que deban trasladarse hasta San Pedro también lo harán y nada menos que por rutas nacionales y provinciales.
El Diario de Baradero
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