Villarruel se defendió tras el aumento de la dieta de los senadores: “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”

Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo.

En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada.

El pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.

En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.

Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.

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