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El lobby de la polémica aplicación que escanea el iris de las personas a cambio de criptomonedas desembarcó en la Argentina. Alex Vania, CEO de Tools for Humanity, la plataforma blockchain que se encuentra detrás de Worldcoin estuvo esta semana en el país y mantuvo encuentros con referentes de distintos ámbitos, entre ellos Demian Reidel, integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

Luego de ser prohibida en España, Portugal y Francia, el objetivo de la compañía radicada en Islas Caimán es evidente: busca instalarse en países cuyas poblaciones tienen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y es más sencillo seducir a grandes cantidades de personas dispuestas a entregar sus datos biométricos a cambio de un puñado de criptomonedas.

Por eso los críticos argumentan que la empresa se está enfocando en países en desarrollo, donde pueden encontrarse con ciudadanos más vulnerables y menos capacitados para evaluar adecuadamente los compromisos que conlleva el proyecto.

Si bien la aparición de este tipo de aplicaciones no es nueva, en los últimos meses se han hecho más frecuentes la aparición de filas de jóvenes en distintas provincias o en la Costa Atlántica en temporada de verano esperando su turno para aceptar que su iris sea escaneado a cambio de una suma de dinero en criptomonedas.

Sin embargo, la propuesta esconde graves peligros y ha despertado preocupaciones en todo el mundo en torno a la privacidad y la seguridad. El iris forma parte de la identificación biométrica de las personas, es único e irrepetible en cada individuo, como las huellas dactilares y las características faciales.

La promesa es formar parte de una nueva identidad digital global. Según sus impulsores, esto permitiría diferenciar de manera infalible a los seres humanos de los robots y las inteligencias artificiales en el creciente ecosistema digital. Para lograrlo, han desarrollado el dispositivo ORB, que escanea el iris y genera un identificador único llamado World ID. A cambio de someterse a este escaneo, los usuarios reciben tokens de la criptomoneda WLD.

Grandes empresas tecnológicas encontraron en los datos biométricos una forma de autentificación para reemplazar las tradicionales contraseñas, lo que deriva en un sinfín de aplicaciones. Esa información puede ser utilizada por ejemplo para ingresar a un trabajo, abrir una aplicación, e incluso hacer trámites bancarios como solicitar un préstamo.

Si esa información termina en manos equivocadas, las consecuencias pueden ser muy graves para las personas que se sometieron al procedimiento ya que podrían acceder -por ejemplo- a toda su vida digital. Y lo más grave es que a diferencia de una contraseña que puede ser hackeada, no hay opción para modificar la información. El iris es algo inherente a las personas e inmutable durante toda la vida.

Detrás de Worldcoin se esconden entonces varias preguntas inquietantes: ¿por qué están comprando datos biométricos de las personas?, ¿quién es realmente el verdadero dueño de la información? y ¿quién está garantizando la protección de esos datos?

En marzo de este año, el gobierno de España prohibió el protocolo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dispuso una medida cautelar contra Tools for Humanity Corporation que semanas más tarde fue confirmada por la Audiencia Nacional.

La Agencia basó su resolución en varios reclamos que indican que WorldCoin estuvo capturando datos personales de menores de edad. Además, se puso de manifiesto que la aplicación no permite retirar el consentimiento una vez que ha sido suministrado. Las personas que aceptaban el escaneo de su iris quedaban atrapadas de por vida en el protocolo, algo que atenta contra la legislación europea que garantiza el derecho de las personas a corregir, modificar o eliminar su información.

Portugal siguió los pasos de España y su Comisión Nacional de Protección de datos le ordenó a Worldcoin suspender inmediatamente el procedimiento y las convocatorias que suelen provocar largas colas de personas dispuestas a entregar sus datos.

La Comisión también hizo hincapié en la situación de los menores de edad que se sometían al protocolo y destacó que la plataforma suponía un riesgo elevadísimo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Ello justifica una intervención urgente para evitar daños graves o irreparables”, alegó el gobierno a la espera de un fallo de fondo sobre las actuaciones judiciales en curso.

La Agencia Francesa de Protección de datos también puso la lupa sobre el tema. “La legalidad de esta colección parece cuestionable, al igual que las condiciones para almacenar datos biométricos”, explicaron. Procesos administrativos y judiciales similares se abrieron en Alemania, Brasil, India y Kenia.

En 2023, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) inició una investigación y convocó a la compañía para que suministre información sobre el protocolo frente a posibles violaciones a la Ley de Protección de datos personales.

Se solicitó por escrito explicaciones sobre el funcionamiento de la empresa, qué categorías de datos se procesan y con qué fines, cómo se garantiza el cumplimiento de los principios relativos al correcto tratamiento de datos personales y cuáles son los plazos de conservación de los mismos. También se le requirió que especifique las medidas técnicas y organizativas que aplica para garantizar la confidencialidad y seguridad de esos datos. A su vez, se le consultó a WorldCoin sobre los dispositivos que utilizan para realizar el escaneo facial y de iris y si había realizado la evaluación de impacto correspondiente.

Tras recibir una primera respuesta de la empresa, la oficina gubernamental constató que Worldcoin no tiene personalidad jurídica ni oficinas formales en el país. Sin embargo, aún no se dictó ninguna prohibición contra el protocolo.

La Provincia de Buenos Aires ha imputado a Worldcoin por la inclusión de presuntas cláusulas abusivas en los contratos que los usuarios deben aceptar para acceder al servicio. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, estos contratos vulnerarían la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

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