El Gobierno bonaerense propondrá eliminar la diferencia que existe en el Código Penal entre armas de uso civil y de guerra para unificar la pena por esos delitos, informó el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal
Se trata de un proyecto de ley que será presentado a los legisladores nacionales del Frente para la Victoria que busca aumentar las penas de quienes porten o tengan armas ilegítimas sea cual sea su calibre.
En declaraciones formuladas a Télam, Casal detalló que por pedido del gobernador Daniel Scioli, elaboró junto al ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, un proyecto de ley para modificar el Código Penal “con el objetivo de que toda persona que tenga un arma ilegítima en su poder en la vía pública sea sancionada penalmente”.
“Será considerado todo tipo de arma, sin importar el calibre, como arma de fuego. Hoy está diferenciado por calibre. Para tener criterios igualitarios a la hora de resolver la situación procesal, los calibres serán considerados todos iguales”, explicó.
Sostuvo que, de aprobarse la iniciativa en el Congreso de la Nación, “tenencia y portación tendrán el mismo tratamiento” y detalló que “se impondrá la pena superior a la vigente actualmente, que máximo da ocho años”.
Graficó que “se asimilarían todas las escalas a la actualmente vigente para el delito de portación de arma de guerra siempre que la tenencia sea en la vía pública”.
Casal planteó que “actualmente, la tenencia o portación sólo se sancionan muy excepcionalmente” y especificó que “como el Código Penal fija penas menores para el delito de tenencia y disminuye nuevamente la escala penal cuando el arma es calibre 32 o menor, la mayor parte de quienes son aprehendidos en la vía pública con un arma ilegítima recupera en pocas horas o días su libertad”.
“Y luego termina resolviendo el proceso con un archivo sujeto a condiciones; a través de la suspensión del juicio a prueba o, en el peor de los casos, con una condena en suspenso”, dijo.
El ministro explicó que “el objetivo del proyecto es que quien, sin la debida autorización, tenga o porte un arma de fuego en la vía pública o en lugar de acceso público, no sea excarcelado inmediatamente y luego tenga que cumplir pena de efectivo cumplimiento”.
“Por eso se asimilan todas las escalas a la que actualmente rige para uno de los cuatro supuestos que es el de portación ilegítima de arma de guerra que prevé una escala penal de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses”, detalló.
No obstante aclaró que “esto no quita que en situaciones extraordinarias se concedan alternativas”.
El ministro afirmó, en una entrevista con esta agencia, que “la idea es que la gente ande desarmada” y analizó que “tenemos un fuerte cuestionamiento a las armas como método de utilización para cometer delitos porque provocan muertes; las armas son enemigas de la paz y de la vida”.
La iniciativa busca además complementar la campaña de desarme por la que ya fueron destruidas 250.000 armas de fuego en la última década.
De hecho, Argentina es el país del mundo que más armas ha destruido en los últimos años, ya que de acuerdo a Naciones Unidas superó a todos los estados que realizan un procedimiento similar en materia de desarme de la sociedad civil.
En tanto, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, vigente desde 2007, ya sacó de circulación 149.147 armas y 1.175.896 municiones.
Casal explicó que “es el momento para poner en debate la necesidad de desarmar a la ciudadanía y a los delincuentes” y consideró que los esfuerzos de los gobiernos nacional y provincial “necesitan ser acompañados por asociaciones de la sociedad civil, clubes de fútbol, ONG, cooperadoras escolares se involucren a través de campañas de difusión y del compromiso”.
“Hay que encontrarle la vuelta a la concientización de ‘no a las armas’. La política es buenísima, el horizonte es el mejor, la decisión de los gobiernos es clara y firme. Nos falta este eslabón de concientización en las organizaciones de la sociedad”, dijo.
Con todo, opinó que “hay que ser inflexible con los delincuentes que tienen armas, porque de lo contrario la ciudadanía podría creer que ‘a mí me sacan el arma y a los delincuentes no’. Por eso esta propuesta”.
Recordó que “Scioli definió en su primer mandato políticas fuertes tomando en cuenta que había dudas sobre la transparencia de la Justicia y una fuerte crítica social en cuanto a la celeridad de los procesos”.
Casal enumeró que, en ese momento, se reformó el Código Procesal Penal, “dándole más celeridad y eficiencia, además de más autonomía a los jueces”, se implementó la ley de Flagrancia, la de Mediación Civil, se expandió el sistema al crear 263 cargos de fiscales y jueces descentralizados y se puso en marcha el fuero penal juvenil con 180 cargos.
“En esta segunda etapa, Scioli me encomendó reformas estructurales en la Justicia. Creamos la Policía Judicial (un auxilio en la investigación en las causas penales), la autonomía de la defensa (para que los fiscales tengan su autonomía) y Juicio por Jurados (para acercar la gente a la Justicia)”, señaló.
Latecla.info
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