El fiscal a cargo del seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país, Jorge Auat, cuestionó la «falta de firmeza» de algunos jueces, al permitir a la defensa de los represores utilizar maniobras para «dilatar» los procesos que conducen al juicio oral.
«No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años, el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla», dijo en una entrevista con Télam Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Agregó que «esa es la preocupación» del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, y explicó que «el tiempo perdido es un problema serio en estas causas», debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.
«La edad de los autores de los crímenes no puede no estar en la agenda judicial, es central; tampoco la alta exposición de los testigos en procesos de juicios muy extensos. La impunidad no sólo es un concepto normativo, sino que debe ir acompañado de un grado de compromiso por parte de los jueces», sostuvo Auat.
Pablo Parenti, quien trabaja con Auat coordinando esta unidad, consideró que el Poder Judicial «debe dar un paso más» y «desarrollar estrategias que eviten demoras», y sostuvo que para ello «hace falta más firmeza por parte de los jueces».
Esta firmeza, explicó, se demuestra utilizando las propias facultades del Poder Judicial, como «corrección» o «sanciones» ante «presentaciones manifiestamente improcedentes», lo que constituye -dijo- «un imperativo ético» además de normativo.
Incluso, Parenti recordó recientes declaraciones de integrantes del Poder Judicial en cuanto a que «todo esto no era su responsabilidad sino de otros poderes», y consideró que «ese tipo de expresiones no hacen más que confirmar el discurso de la impunidad».
Parenti lamentó también que el Poder Judicial no haya tenido todavía «el grado de renovación necesaria o saludable» que termine con «características de elite, con poca apertura hacia la sociedad».
Argumentó que por este motivo se suma a la «complejidad» que de por sí tienen las causas por violaciones a los derechos humanos otros problemas que denotan «falta de compromiso» con «dar respuestas a la sociedad», como el permitir «la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen».
Según coincidieron Auat y Parenti, «los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa».
«Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho», dijo Auat.
Tras calificar a quienes utilizan esas maniobras de «militantes de la impunidad», Auat dejó claro que «acá no es cuestión de cambiar leyes, porque estas existen y dicen claramente lo que hay que hacer, sino de que el Poder Judicial (cámaras federales, jueces de instrucción y la propia Corte Suprema) tome las medidas que tiene tomar» para dar «respuestas a la sociedad».
Frente a esta situación que encuentran en muchas provincias, la Unidad Fiscal contrapone la «estrategia de unificar causas» para «robustecer el proceso» para que reflejen realmente «la magnitud de la represión en Argentina» y no se trate de «juicios raquíticos a una o dos personas y por pocos hechos.
Auat citó el caso de la provincia de Tucumán, que pese a ser uno de los epicentros de la represión en el noroeste del país, tiene un sólo juicio con un imputado (juicio por ex senador por el Peronismo Guillermo Vargas Aignasse) que no representa lo que sucedió en Tucumán».
Para ello, la Unidad trabaja con cada una de las fiscalías del país que tienen causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, proponiéndoles estrategias y colaborando para su realización, además de realizar un exhaustivo control sobre las distintas situaciones que se dan en cada jurisdicción.
Entre los logros alcanzados desde la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Masiva (2005), la Unidad menciona 109 personas condenadas y 634 imputados procesados -166 con al menos una causa que cuenta con requerimiento de elevación a juicio y 262 con una causa radicada ante un tribunal oral.
Pero pese a los logros de sus tres años de gestión, los responsables de la Unidad prefieren mirar el «vaso medio vacío», es decir lo que queda por hacer para que «en un plazo de dos a tres años, la mayor parte de los juicios por lesa humanidad hayan concluido con condenas firmes de la Justicia».
«Es muy bueno lo que se hizo, pero no sería muy bueno si no lo termináramos», reconoció Auat.
Precisamente para concluir con este proceso, la Unidad propone la unificación de causas en base a pruebas comunes y conectividad de causas por centro clandestino de detención, como en La Perla o Vesubio, dijo Auat.
El proceso comenzó con el Juicio a las Juntas realizado apenas iniciado el período de democracia en Argentina (1983), siguió con la parálisis que significaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida pero, según destacó Parenti, «Argentina fue capaz de volver sobre sus pasos y superar esa etapa, y lo hizo con apoyo de todo el poder político».
«Ahora es necesario que los jueces reflejen su grado de compromiso para mostrar lo que realmente pasó durante la dictadura militar, para que la impunidad no sea sólo un concepto normativo».
«El desafío del Poder Judicial es si está a la altura de la circunstancias, porque ya no hay más leyes que eviten un proceso», resaltó. Ambos fiscales coincidieron en que «la edad de los autores de los crímenes no puede no estar en la agenda judicial» y en que es «un problema serio» que «sólo haya dos condenas firmes» (Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julián «el turco» Simón) de un total de 109.
Cuando no hay condenas firmes los imputados tienen prisión preventiva por un período de tiempo estipulado por ley. Si al cumplirse ese plazo la defensa pide la liberación, los jueces pueden concedérsela, lo que implica riesgos de fuga y mayor temor por parte de los testigos.
Finalmente, se destacó la «importancia» del juicio no sólo por el proceso de juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino también por «la reconstrucción histórica de los hechos y para reflejar cabalmente lo que sucedió durante la dictadura militar».
«Si el juicio no permite la lectura de lo que pasó no hemos logrado el cometido», coincidieron Auat y Parenti.
Télam
Comentarios de Facebook